La administración Trump ha anunciado una significativa reducción en el número de refugiados que serán admitidos en Estados Unidos durante el año fiscal 2026, fijando el límite en solo 7.500 personas. Esta cifra marca un descenso considerable respecto al límite de 125.000 establecido bajo la presidencia de Joe Biden, y es la más baja desde que se implementó la Ley de Refugiados en 1980, cuando el límite original era de 50.000.
Sin embargo, esa cifra fue modificada en diversas ocasiones a lo largo de los años. Aunque no se proporcionaron razones específicas para esta nueva cifra, se mencionó que la admisión de estos 7,500 refugiados estaría «justificada por preocupaciones humanitarias o por el interés nacional».
Esta medida supone un golpe significativo para un programa que hasta hace poco gozaba de amplio apoyo bipartidista. Desde su primer día en la Casa Blanca, Trump suspendió el programa de refugiados, y desde entonces, solo un número limitado de refugiados ha sido admitido, en su mayoría provenientes de Sudáfrica.
Específicamente, se ha dado prioridad a los refugiados blancos sudafricanos, lo que ha generado críticas por el sesgo racial de la política de inmigración de la administración Trump.
El gobierno de Sudáfrica ha rechazado las acusaciones de que los agricultores blancos sudafricanos enfrentan discriminación y violencia, una postura que la administración Trump ha utilizado para justificar la apertura del programa especial para los refugiados blancos.
En febrero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14204, que respondía a la Ley de Expropiación de Sudáfrica de 2024, la cual permite la expropiación de tierras a ciudadanos blancos. La administración de Trump argumentó que esta medida representaba una amenaza para los derechos de los sudafricanos blancos, lo que podría derivar en un «genocidio» de esta comunidad.
Esta política ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y grupos que asisten a los refugiados, quienes denuncian un enfoque claramente sesgado en la selección de beneficiarios. Además, aunque el gobierno de Trump insiste en que la selección de refugiados se llevará a cabo con un exhaustivo escrutinio y con la aprobación de los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, sigue siendo cuestionada por su naturaleza excluyente.
A pesar de la drástica reducción en el número de refugiados, el gobierno de Trump ha reafirmado que aquellos que sean admitidos deberán cumplir con rigurosos criterios de seguridad. Sin embargo, se mantiene el cuestionamiento sobre la falta de compromiso de Estados Unidos con los refugiados que huyen de zonas de conflicto armado y persecución, especialmente de países como Siria, Afganistán y Venezuela, cuyas comunidades siguen siendo marginadas en el marco de esta política restrictiva.
El recorte en la admisión de refugiados refleja la postura más amplia de la administración Trump respecto a la inmigración, caracterizada por políticas restrictivas y exclusivas. A pesar de la justificación humanitaria que se ofrece, las críticas han aumentado, especialmente cuando se prioriza a un grupo específico en lugar de cumplir con los compromisos globales de asistencia a aquellos que huyen de la violencia y la persecución.