El gobierno de Donald Trump ha lanzado un plan para intensificar los casos de desnaturalización, un proceso que revoca la ciudadanía estadounidense de aquellos naturalizados que hayan obtenido la ciudadanía de forma fraudulenta.
Las nuevas directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) estipulan que entre 100 y 200 casos serán enviados al Departamento de Justicia cada mes, lo que marca un aumento considerable respecto a la decena de casos procesados anualmente en las últimas décadas.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para endurecer las políticas migratorias en EEUU. Históricamente, los casos de desnaturalización han sido poco frecuentes, limitándose a unos pocos cada año. Sin embargo, las nuevas directrices de USCIS, que se implementarán en el año fiscal 2026, buscan un aumento significativo en la cantidad de ciudadanos naturalizados a los que se les retire la ciudadanía.
Expertos en inmigración indican que el Departamento de Justicia ya había comenzado a priorizar estos casos, concentrándose en individuos vinculados a organizaciones criminales, como pandillas, carteles de drogas, delitos financieros y crímenes violentos.
Según la ley federal, una persona puede ser desnaturalizada únicamente si obtuvo su ciudadanía de manera fraudulenta o al ocultar hechos materiales durante el proceso de naturalización. Esto incluye casos de mentiras en la solicitud o la tergiversación de información relevante.
USCIS ha confirmado que se enfocará en los casos de fraude, pero la expansión de la desnaturalización genera temores de que personas que no hayan cometido delitos graves puedan verse afectadas. La medida podría afectar a ciudadanos que han cumplido con todos los requisitos legales, lo que ha generado incertidumbre y ansiedad entre los naturalizados.
Exfuncionarios de inmigración y defensores de los derechos civiles han expresado su preocupación por la politización de este proceso legal, históricamente reservado para casos excepcionales.
Las cuotas mensuales establecidas por la administración Trump podrían convertir una herramienta legal seria en un mecanismo arbitrario. Según datos del Censo de EEUU, aproximadamente 26 millones de ciudadanos naturalizados residen en el país, muchos de los cuales provienen de países como México, India, Filipinas y Vietnam.
La imposición de metas mensuales de desnaturalización podría generar un clima de miedo, afectando la confianza de millones de ciudadanos que han seguido el proceso legal.
Perspectivas a favor y en contra de la política de desnaturalización
Defensores de políticas migratorias más estrictas argumentan que el sistema migratorio de EEUU necesita corregir las “lagunas” que permiten que personas con antecedentes fraudulentos mantengan su ciudadanía. Consideran que la desnaturalización debe ser una prioridad para proteger la integridad del sistema.
No obstante, los críticos advierten que la fijación de cuotas mensuales podría llevar a que ciudadanos que han cumplido con la ley sean injustamente perseguidos, dañando la confianza en las políticas migratorias.