La administración de Trump está preparando una nueva política que podría dificultar la obtención de Green Cards y otros permisos de inmigración para personas provenientes de países afectados por el veto de viaje (Travel Ban) presidencial, entre los que se encuentra Cuba y Venezuela.
El diario The New York Times, indica que documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU reflejan que la nueva medida ampliaría la política de la administración para restringir la inmigración desde naciones que, según el gobierno, carecen de suficiente capacidad de verificación y control de documentos.
El cambio propuesto establece que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) consideraría factores «específicos de cada país» incluidos en el veto de viaje de Trump como «factores negativos significativos» al revisar solicitudes de inmigración, con algunas excepciones.
Aunque la política aún está en proceso de finalización, su implementación representaría un paso más en la campaña de la administración para endurecer las políticas migratorias. El plan afectaría principalmente a personas que llegaron a EEUU antes del veto de viaje y que ahora enfrentan dificultades para regularizar su estatus.
El veto de viaje impuesto por Trump en junio de 2024 afecta a ciudadanos de 12 países, principalmente de África y el Medio Oriente, entre los cuales figuran Afganistán, Irán, Libia, y Somalia. La medida también impuso restricciones parciales a otros países como Cuba, Venezuela y Laos, limitando la posibilidad de que sus ciudadanos ingresen a EE. UU. de manera permanente o reciban ciertos visados.
El presidente Trump defendió la necesidad de este veto, alegando que los ataques terroristas domésticos recientes demostraron los peligros de permitir la entrada de personas no suficientemente evaluadas. Además, aseguró que los ciudadanos de ciertos países tienen mayor riesgo de quedarse ilegalmente en EE. UU. después de que expire su visado.
El cambio de política afectará a las solicitudes de Green Card, asilo, y otros permisos de inmigración que requieran una «evaluación discrecional». Esta evaluación implica que un oficial de inmigración considere factores positivos y negativos antes de aprobar una solicitud. Sin embargo, la medida no se aplicaría a las solicitudes de ciudadanía.
Expertos en políticas migratorias han señalado que el impacto más directo de este cambio será un aumento en las negativas a solicitudes, especialmente para aquellos provenientes de países con dificultades para validar la información de los solicitantes. Si bien algunos esperan que esta medida sea desafiada en los tribunales, se teme que en la práctica se convierta en un bloqueo de facto para los inmigrantes de estos países.
La nueva política podría enfrentarse a desafíos legales por ser considerada discriminatoria, ya que establece una diferencia en el tratamiento de los solicitantes en función de su país de origen. Sarah Pierce, exanalista de políticas del USCIS, expresó que la política probablemente aumentaría las denegaciones y comprometería la imparcialidad en la evaluación de los casos de inmigración.