El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó una serie de medidas para reforzar la seguridad fronteriza y aumentar las deportaciones de inmigrantes sin estatus legal. Desde su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero, ha firmado varias órdenes ejecutivas que endurecen las restricciones de asilo, refuerzan la vigilancia en la frontera con México y facilitan la detención de migrantes.
Las nuevas políticas han generado un impacto inmediato. En febrero, la Patrulla Fronteriza detuvo a 8.300 migrantes en la frontera sur, el número más bajo registrado desde el año 2000. La cifra representa una caída drástica respecto a los 141.000 arrestos en febrero de 2024 y los 29.000 de enero de este año.
El gobierno también ordenó el despliegue de 10.000 tropas activas y de la Guardia Nacional en la frontera para reforzar la seguridad y evitar cruces ilegales. El Senado, liderado por los republicanos, aprobó un paquete de financiamiento de 85.000 millones de dólares anuales durante cuatro años para apoyar las prioridades migratorias de Trump.
La administración Trump busca acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados. Desde mediados de enero hasta finales de febrero, los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales aumentaron un 334%. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó 14.000 detenciones en las primeras tres semanas del mandato, con un promedio de 667 arrestos diarios.
El sistema de detención de ICE enfrenta un límite de capacidad. En febrero, el organismo reportó 44.000 inmigrantes detenidos, superando su presupuesto de 41.500 plazas. Empresas privadas como Geo Group y CoreCivic anunciaron la reapertura y ampliación de centros de detención para albergar a más migrantes.
La administración ha utilizado la base naval de Guantánamo para retener a migrantes, lo que ha generado críticas por presunto maltrato. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda para frenar esta práctica.
Trump ha intensificado las deportaciones, aunque aún no alcanza las cifras de la administración de Joe Biden. En su primer mes, se registraron 37,660 deportaciones, una cifra inferior al promedio mensual de 57.000 en 2023. El gobierno ha establecido acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica para facilitar las expulsiones.
Los cubanos en Estados Unidos podrían verse afectados por estas políticas. La eliminación de protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos podría servir de precedente para endurecer las condiciones migratorias de otros grupos.
El Departamento de Defensa ha comenzado a utilizar vuelos militares para deportaciones a Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú e India. Las expulsiones a Panamá han despertado preocupaciones por las condiciones de los migrantes en campamentos cercanos a la selva del Darién.
El gobierno de Trump busca mantener los cruces ilegales en su nivel más bajo y ampliar las deportaciones. Sin embargo, la falta de capacidad en centros de detención y las dificultades logísticas podrían frenar estos objetivos en los próximos meses.