Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en Miami, Florida, han resurgido preocupaciones sobre posibles redadas y operativos dirigidos a migrantes indocumentados con el objetivo de deportarlos de manera expedita. Sin embargo, las autoridades locales han buscado calmar a la comunidad con un mensaje claro: la policía de Miami no se involucra en cuestiones migratorias durante sus operaciones rutinarias.
El jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, aseguró que sus agentes no tienen instrucciones de pedir documentos de inmigración a las personas durante inspecciones rutinarias en las calles de la ciudad. Según Morales, esta política busca fomentar la confianza de los residentes para que puedan denunciar delitos o colaborar como testigos sin temor a ser cuestionados por su estatus migratorio.
“Quiero decir a nuestro público aquí en nuestra ciudad de Miami que no tengan miedo por su estatus migratorio. La policía no verifica eso”, declaró Morales, buscando transmitir tranquilidad a la comunidad.
Aunque a nivel federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede realizar redadas en el sur de Florida, la policía local ha enfatizado que no participará en estas acciones, salvo en situaciones específicas como aquellas que involucren una orden judicial.
En declaraciones a los medios, Morales aclaró que si un individuo tiene una orden de detención emitida por ICE, los agentes locales colaborarán con las autoridades migratorias para cumplir con la ley. “Si tienen una orden emitida por un juez o por el departamento de ICE, nosotros responderemos y notificaremos a ICE para que tome el control de la situación”, detalló.
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Mientras tanto, el estado de Florida se prepara para debatir nuevas leyes más estrictas contra la migración irregular bajo la administración del gobernador Ron DeSantis. En una sesión legislativa especial programada para el 27 de enero en Tallahassee, se discutirán propuestas que buscan limitar el envío de remesas de migrantes indocumentados y reforzar políticas en línea con las directrices de Trump.
Entre las medidas propuestas, destaca la exigencia de que las empresas de envío de dinero utilicen el sistema E-Verify para confirmar la ciudadanía de quienes realicen transacciones, lo que afectaría directamente el envío de remesas al extranjero. También se plantea eliminar la matrícula estatal para estudiantes indocumentados, endurecer las condiciones para la liberación bajo fianza de migrantes y obligar a las cárceles locales a notificar al Departamento de Seguridad Nacional sobre detenciones de inmigrantes.
DeSantis ha dejado claro que Florida no es un estado santuario y recordó que desde 2020 su administración ha prohibido este tipo de políticas. Además, subrayó que las nuevas leyes exigirán la colaboración de los gobiernos locales, advirtiendo sanciones para los funcionarios que no las cumplan.
El gobernador justificó la sesión legislativa especial como una respuesta a la “crisis migratoria” y destacó su compromiso con proteger el estado mediante la implementación de políticas migratorias más estrictas en coordinación con el gobierno federal.