El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos desde la llegada al poder de Donald Trump el pasado 20 de enero ha generado incertidumbre entre miles de inmigrantes. Sin embargo, ciertos grupos pueden estar tranquilos, al menos por ahora.
Son los casos de beneficiarios de DACA, solicitantes de ajuste de estatus, portadores de visas válidas y algunos casos de asilo no enfrentan un riesgo inminente de deportación, siempre que cumplan con ciertas condiciones.
Los beneficiarios de DACA, así como quienes han solicitado un ajuste de estatus, están protegidos de la deportación. Esto incluye a personas que han iniciado un proceso migratorio debido a violencia doméstica, han sido testigos o víctimas de crímenes, o ya han completado la toma de huellas dactilares. La clave para mantener esta protección es demostrar que el proceso migratorio sigue activo y que la persona no tiene antecedentes criminales ni una orden de deportación vigente.
Quienes poseen una visa de trabajo, de talento o de turista también pueden estar tranquilos, pero solo si su visa sigue vigente. Si la estadía autorizada ha vencido, la persona podría estar en riesgo de deportación. En el caso de los turistas, es fundamental no exceder el tiempo permitido de permanencia, que varía entre 3, 6 o 9 meses, según el tipo de visa y el país de origen.
Las personas que han solicitado asilo enfrentan una situación más incierta. Quienes ingresaron con visa y luego solicitaron protección tienen menos riesgo de deportación en comparación con aquellos que entraron de manera irregular. Sin embargo, cada caso es diferente y la orientación de un abogado de inmigración es fundamental para conocer los riesgos específicos.
Los inmigrantes en proceso deben portar ciertos documentos en todo momento para demostrar su situación legal. Una identificación oficial, como una licencia de conducción o un pasaporte, es fundamental. Además, los solicitantes de ajuste de estatus deben llevar consigo los recibos de inmigración que confirmen que su trámite sigue en curso.
Un error que puede costar caro es faltar a una cita migratoria. Si una persona recibe una notificación de comparecencia en la corte, con un agente de inmigración o en una audiencia, es obligatorio asistir. No presentarse puede resultar en una orden de deportación por ausencia, lo que complica aún más la situación legal del inmigrante.
Aunque ciertos grupos tienen protecciones temporales, la clave para evitar problemas migratorios es mantenerse informado y cumplir con las condiciones legales establecidas. Contar con los documentos adecuados y seguir las instrucciones del proceso puede marcar la diferencia entre estar a salvo o enfrentar la deportación.