El programa Migrant Protection Protocols (MPP), conocido como Quédate en México, fue implementado por la administración de Donald Trump en enero de 2019. Este programa envió a cerca de 70.000 migrantes de regreso a México mientras esperaban la resolución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.
La administración de Joe Biden suspendió y posteriormente terminó el programa tras reportes de violaciones de derechos humanos y fallos logísticos. Sin embargo, una orden judicial federal obligó a reinstaurar el programa entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, retornando a México a 7,505 personas antes de que la Corte Suprema anulara dicha orden. Ahora con el regreso de Trump a la Casa Blanca es muy probable que se reinstaure un programa similar.
Bajo el MPP, los migrantes que solicitaban asilo en la frontera sur eran enviados de vuelta a México tras recibir notificaciones para comparecer ante una corte de inmigración. Se les pedía regresar a un puerto de entrada en fechas específicas para sus audiencias. El MPP se diferenciaba de la práctica de metering, donde los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) rechazaban a solicitantes de asilo en los puertos de entrada sin darles una fecha concreta para regresar.
Uno de los principales defectos del MPP fue la falta de garantías procesales para los migrantes. Solo el 7.5% de los migrantes en MPP lograron contratar abogados. Además, la inseguridad en las ciudades fronterizas dificultó que los solicitantes de asilo pudieran defender adecuadamente sus casos. De 42,012 casos completados hasta diciembre de 2020, solo 521 personas obtuvieron asilo.
El MPP se llevó a cabo en siete ciudades fronterizas: San Ysidro, CA; Calexico, CA; Nogales, AZ; El Paso, TX; Eagle Pass, TX; Laredo, TX; y Brownsville, TX. Muchos migrantes fueron enviados a puertos de entrada distantes de donde cruzaron la frontera. Por ejemplo, familias que cruzaron cerca de Yuma, AZ, fueron transportadas a Calexico para ser devueltas a México.
En ciudades como San Diego y El Paso, los migrantes regresaban a Estados Unidos solo durante sus audiencias, siendo luego transferidos a custodia de ICE. En Laredo y Brownsville, las audiencias se realizaban en «cortes de carpa», donde los jueces aparecían por videoconferencia.
El MPP exentó a ciertos grupos: niños no acompañados, ciudadanos mexicanos, personas con problemas de salud graves, individuos con antecedentes penales y aquellos con probabilidad de enfrentar tortura o persecución en México. La decisión de enviar a alguien de regreso a México era discrecional y dependía de los agentes de CBP o de la Patrulla Fronteriza, lo que generó inconsistencias y separaciones familiares.
En 2019, el comisionado interino de CBP amenazó con eliminar la exención para migrantes de países no hispanohablantes, enviándolos también a México. En enero de 2020, se amplió el MPP a ciudadanos brasileños. A pesar de las pautas, hubo informes de devoluciones de personas con problemas médicos, violando los principios del programa.
El proceso de entrevistas para determinar el temor a regresar a México estuvo plagado de irregularidades. Migrantes tenían que manifestar proactivamente su temor. Si lo hacían, se les sometía a entrevistas con oficiales de asilo, donde muchos fueron presionados para negar sus temores. La tasa de aprobación de estas entrevistas osciló entre el 1% y el 13%.
Human Rights First documentó 1,544 casos de violaciones graves contra migrantes en México bajo el MPP, incluyendo violaciones, secuestros y homicidios. El gobierno estadounidense no proporcionó apoyo a los migrantes, lo que resultó en campamentos precarios, como el de Matamoros, donde miles vivieron en condiciones insalubres.