El comité judicial de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, se planteó un cambio significativo en las políticas migratorias de Estados Unidos. Un nuevo proyecto de ley busca aplicar una tarifa de 1.000 dólares a quienes soliciten asilo en el país, cambiando una política tradicionalmente gratuita.
Además, los congresistas republicanos pretenden cobrar 100 dólares adicionales por cada año que pase el trámite en estudio. Por si fuera poco, también se introduciría el cobro por obtener un permiso de trabajo.
El proyecto de ley tiene como objetivo aumentar los ingresos del gobierno para financiar diversas iniciativas, entre ellas la seguridad fronteriza y las operaciones de deportación. El asilo, una protección que se otorga a aquellos que han sido perseguidos o temen serlo en su país de origen, hasta ahora no tiene costo alguno en ningún país del mundo.
Aunque estas tarifas tienen la intención de generar ingresos adicionales, algunos críticos advierten que también podrían actuar como barreras económicas para aquellos que buscan asilo en el país. Las tarifas impuestas sobre los migrantes vulnerables podrían disuadir a muchos de buscar protección legal.
El proyecto no se limita solo al asilo. También propone incrementos significativos en otras tarifas relacionadas con la inmigración. Los migrantes que sean liberados bajo el estatus de parole, que permite a las personas permanecer en EEUU mientras esperan una resolución de su caso, deberán pagar 1.000 dólares.
Además, los patrocinadores de menores no acompañados enfrentarán una tarifa de 3.500 dólares para liberar a los niños que cruzan la frontera sin la compañía de un adulto.
El fundamento para que los trámites de asilo sean gratuitos se basa en principios de derechos humanos y protección internacional. La Convención de Ginebra de 1951 establece que cualquier persona que huya de persecución tiene derecho a solicitar asilo sin pagar tarifas.
Este derecho está respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la protección frente a la persecución, y por el derecho internacional, que busca asegurar el acceso a la protección sin barreras económicas. Imponer tarifas podría discriminar a los más vulnerables, como aquellos que huyen de guerra o violencia.
Además, la mayoría de los países democráticos y comprometidos con los derechos humanos mantienen el asilo como un proceso gratuito para asegurar que todas las personas, sin importar su situación económica, puedan acceder a la protección que necesitan. Este enfoque humanitario es una norma aceptada globalmente en el marco de protección a los refugiados.
La propuesta ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes. Aaron Reichlin-Melnick, de la ONG American Immigration Council, señaló que las tarifas podrían dificultar la liberación de menores no acompañados y, en consecuencia, reducir las solicitudes de asilo.
Asimismo, los demócratas han expresado su preocupación por los recortes en programas federales populares, como Medicaid, que también forman parte del paquete legislativo republicano.
Los republicanos, que defienden la medida como una forma de mejorar la seguridad en la frontera y financiar las operaciones de inmigración, se enfrentan a una creciente oposición de quienes consideran que las tarifas impuestas son una forma de disuadir a los migrantes más vulnerables.