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Paraguay acepta acoger a los extranjeros que pidan asilo en EEUU mientras se procesa su solicitud

El Departamento de Estado de EE.UU. y Paraguay han formalizado un acuerdo de “Tercer País Seguro” (STCA) que redefine el panorama de las solicitudes de asilo en Estados Unidos. Firmado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, este acuerdo establece que los solicitantes de asilo en EEUU deberán tramitar sus peticiones en Paraguay, en lugar de hacerlo directamente en territorio estadounidense.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo bilateral para combatir la inmigración irregular y aliviar la carga sobre el sistema de asilo estadounidense. El acuerdo firmado en Washington D.C. subraya la creciente cooperación entre Estados Unidos y Paraguay en materia de seguridad, economía y lucha contra la delincuencia transnacional. Según Rubio, el pacto permitirá a ambos países compartir la responsabilidad de gestionar los flujos migratorios ilegales, al tiempo que se pone fin al abuso del sistema de asilo estadounidense.

“Este acuerdo es solo un ejemplo de la sólida asociación estratégica que estamos construyendo con Paraguay para abordar los desafíos comunes en la región”, afirmó el Secretario de Estado.

A partir de la firma del acuerdo, las personas que buscan asilo en Estados Unidos podrán ser trasladadas a Paraguay para procesar sus solicitudes en ese país. Esta medida busca reducir la presión sobre el sistema de asilo estadounidense y asegurar que los solicitantes no abusen del proceso.

Sin embargo, para muchos migrantes, la nueva normativa podría suponer un camino más incierto. Los solicitantes enfrentan un proceso complicado al tener que permanecer en Paraguay mientras se evalúa su caso, lo que podría generar dificultades adicionales en términos de condiciones de vida y acceso a la protección.

El acuerdo con Paraguay se inscribe dentro de una serie de pactos firmados por EE.UU. con otros países de América Central y el Caribe, como Guatemala, Honduras y El Salvador, para gestionar solicitudes de asilo fuera de sus fronteras.

Este enfoque de “tercer país seguro” ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, que advierten sobre las posibles condiciones de inseguridad en estos países y el riesgo de que los migrantes se vean obligados a recurrir a la clandestinidad debido a la falta de garantías.

La firma de este acuerdo se enmarca dentro de la política migratoria de la administración Trump, que ha implementado medidas estrictas para reducir la inmigración irregular. Desde la suspensión del derecho general de solicitar asilo en la frontera sur hasta la cancelación de programas como CBP One, la administración ha intensificado sus esfuerzos para cerrar el acceso a la protección internacional. La estrategia incluye la aceleración de la deportación de solicitantes y la reactivación de programas como “Remain in Mexico”.

El acuerdo con Paraguay, aunque parte de un esfuerzo por controlar la inmigración irregular, plantea interrogantes sobre el futuro de los solicitantes de asilo y su acceso efectivo a la protección internacional. A medida que el sistema de asilo estadounidense se endurece, se espera que más países en la región adopten políticas similares, lo que podría crear un escenario aún más complejo para los migrantes en busca de seguridad y estabilidad.

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