Operativos de ICE en tribunales de inmigración detienen a migrantes tras audiencias judiciales
Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan detenciones sorpresivas a migrantes cubanos y de otras nacionalidades tras sus audiencias judiciales en tribunales de inmigración en Miami y otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles, Phoenix, Seattle, Chicago, Las Vegas y Texas.
Estos operativos, ejecutados a menudo por oficiales vestidos de civil y sin identificación visible, se apoyan en un mecanismo legal llamado “deportación acelerada” que permite la expulsión rápida de personas sin residencia legal, sin necesidad de procedimientos judiciales adicionales.
En Miami, al menos cuatro migrantes fueron arrestados inmediatamente después de salir de sus audiencias en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración. Entre ellos destaca un hombre cubano diabético, a quien el juez le había recomendado iniciar un trámite de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, pero fue detenido en el pasillo junto a su esposa e hija.
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Las detenciones ya no se limitan a migrantes con antecedentes penales, sino que incluyen a personas sin historial criminal, solicitantes de asilo y quienes carecen de representación legal, lo que representa un cambio importante respecto a prácticas anteriores.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ordenado a los abogados del gobierno presentar mociones de desestimación en los tribunales. Esta estrategia facilita la salida formal de los migrantes, para ser arrestados inmediatamente después por agentes federales apostados dentro y fuera de los edificios judiciales.
Expertos legales y organizaciones como la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) califican esta práctica como una violación grave del debido proceso y una “corrupción del sistema judicial”.
Abogados especializados en inmigración, como Ira Kurzban y Antonio Ramos, denuncian que estos arrestos masivos buscan presionar a los migrantes para que abandonen sus casos o acepten la deportación voluntaria, y que forman parte de una estrategia para expandir los centros de detención. Estas acciones generan temor en las comunidades migrantes, lo que puede paralizar la asistencia a audiencias y dificultar el acceso a asesoría legal.
El caso de Juan Serrano, un migrante colombiano de 28 años sin antecedentes penales, ilustra el impacto de estas acciones. Tras asistir a su audiencia con la expectativa de un trámite rutinario, el gobierno solicitó la desestimación de su caso y fue detenido al salir del tribunal junto a otros migrantes. Serrano y su pareja, quienes llevan una vida respetuosa de la ley y trabajan, ahora enfrentan un proceso de deportación acelerada sin garantías ni oportunidad real de defensa.
Las autoridades del ICE justifican estos arrestos argumentando que cualquier extranjero que viole la ley migratoria puede ser detenido y deportado. Además, afirman que los detenidos califican para la deportación acelerada conforme a órdenes del DHS emitidas en enero, que permiten aplicar esta vía a personas con menos de dos años en Estados Unidos.
Estas detenciones masivas en tribunales, realizadas bajo procedimientos acelerados y con aparente complicidad del sistema judicial, han generado críticas por vulnerar derechos procesales, afectar la unidad familiar y sembrar miedo en comunidades vulnerables. Todo esto ocurre en un contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas y represivas.