Multan con 1.8 millones de dólares a una migrante en EEUU que evitó una orden de deportación
Una hondureña que ha residido ilegalmente en Estados Unidos por tres décadas y es madre de tres hijos estadounidenses enfrenta una multa de más de 1.8 millones de dólares por incumplir una orden de deportación emitida hace 20 años, informó el canal CBS. La sanción fue impuesta por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el 9 de mayo, como parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para presionar a los indocumentados a autodeportarse.
La mujer, de 41 años y residente en Florida, recibió una multa civil por 1,821,350 dólares debido a que no cumplió una orden de deportación en ausencia emitida en su contra en abril de 2005, según documentos oficiales citados por la televisora. Este caso representa una de las multas más elevadas aplicadas por ICE en años recientes.
Las autoridades migratorias revisaron el caso de la hondureña después de que ella solicitara en 2024 la reapertura de su expediente, amparándose en la Ley de los 10 Años o Cancelación de Deportación. Esta ley permite a inmigrantes evitar la deportación si cumplen ciertos requisitos como haber residido más de una década en el país y demostrar buen carácter moral.
Michelle Sánchez, abogada de inmigración que representa a la mujer, aseguró a CBS que su clienta cumple con los requisitos necesarios para acogerse a esta ley. Además, Sánchez señaló que la deportación de la mujer provocaría dificultades excepcionales a un familiar cercano que es ciudadano estadounidense.
El ICE ha recurrido a multas civiles en otros casos similares desde la entrada en vigor de esta política durante el primer mandato de Trump (2017-2021). En ese período, se enviaron sanciones millonarias a indocumentados que buscaban refugio en ciudades santuario para evitar la deportación.
Un caso destacado fue el de Edith Espinal, una mexicana que en 2019 recibió una multa de 497,777 dólares por no acatar una orden de deportación emitida en 2017. Tras una larga batalla legal, ICE finalmente canceló esa sanción.
Esta política busca ejercer presión financiera sobre los indocumentados para incentivar su salida voluntaria, pero ha generado críticas por el impacto económico que supone para familias con residentes legales o ciudadanos estadounidenses.
El caso de esta hondureña evidencia la dureza del enfoque migratorio actual y abre un debate sobre el uso de multas civiles como herramienta de control migratorio en Estados Unidos.