Más de 2.3 millones de personas solicitaron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática

A través de la Ley de Memoria Democrática (LMD), cerca de 2.3 millones de personas han solicitado la nacionalidad española, de acuerdo con las declaraciones de la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, durante el IV Congreso Mundial de Asturianía.
Los países con mayor número de solicitudes son Argentina, con aproximadamente 1 millón de peticiones, seguido de consulados clave en La Habana, México, Caracas y Sao Paulo. La demanda de nacionalidad ha sido especialmente alta en América Latina, donde históricamente reside una gran parte de la emigración española.
En algunos países, como Argentina, los consulados han recibido una carga considerable de solicitudes; por ejemplo, Buenos Aires ha procesado cerca de 600.000.
Esta cifra refleja una parte importante de la diáspora española, que ha respondido positivamente a la ley que permite a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista acceder a la nacionalidad española.
El proceso de tramitación ha sido masivo, y se prevé que, al finalizar la resolución de todos los expedientes, el número de españoles residentes fuera de España superará los 5 millones. Según las últimas cifras del Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE), actualmente hay más de 3 millones de españoles registrados fuera del país.
Uno de los principales desafíos mencionados por Violeta Alonso es el tiempo que tomará procesar todas estas solicitudes debido a la saturación de los consulados. En muchos casos, la resolución de los expedientes podría tardar muchos años, mucho más allá del estimado de dos o tres años.
Esto se debe a la falta de recursos humanos y materiales en las oficinas consulares, que están desbordadas por el volumen de trabajo. La presidenta del CGCEE destacó que, en algunas demarcaciones, la población española podría duplicarse o incluso triplicarse, lo que hará aún más urgente una reforma en los recursos y procedimientos de los consulados.
El Consejo está trabajando en propuestas para mejorar la eficiencia de la tramitación, como la colaboración entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Justicia, de modo que algunos expedientes puedan resolverse en registros civiles españoles que no están tan saturados. También se baraja la creación de oficinas consulares dependientes en ciertas regiones y el alquiler de espacios para mejorar los servicios.
En cuanto a la reforma del Código Civil, Violeta Alonso subrayó la necesidad de una reforma definitiva que asegure la igualdad de acceso a la nacionalidad para todos los descendientes, independientemente de su línea de ascendencia. Actualmente, la LMD presenta una discriminación hacia los bisnietos de mujeres españolas, ya que las mujeres no transmitían la nacionalidad hasta 1978, lo que limita a muchos descendientes de mujeres el derecho a obtener la nacionalidad. El CGCEE propuso una reforma para eliminar este límite en la línea sucesoria y permitir que todos los descendientes tengan acceso en igualdad de condiciones.
También se busca garantizar que la nacionalidad no se pierda a menos que se haga una renuncia expresa, y facilitar el proceso de recuperación de la nacionalidad con una simple declaración.
Alonso también abordó la necesidad de crear una circunscripción electoral para los españoles residentes en el exterior. Esto permitiría que los residentes fuera de España tuviesen representantes directos en el Congreso y en los parlamentos autonómicos.
La propuesta busca aumentar la participación electoral y garantizar que las necesidades de los españoles en el exterior sean escuchadas y atendidas. Este tipo de representación ya existe en países como Italia, Francia y Portugal, y el CGCEE aboga por un modelo similar en España.
