La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido al presidente Donald Trump proceder con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 300.000 venezolanos, un fallo que podría poner en riesgo la estabilidad de miles de migrantes que residen en el país bajo esta protección.
La decisión, tomada en una orden de emergencia el viernes, sigue la misma línea que la resolución emitida en mayo, en la que el tribunal apoyó la política del Gobierno de Trump de finalizar el programa de protección para los venezolanos.
El TPS fue otorgado a los venezolanos en respuesta a la grave situación humanitaria en su país de origen. La medida ofreció a los migrantes venezolanos la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos debido a la inestabilidad política y económica que afecta a Venezuela.
Sin embargo, la administración Trump ha optado por revocar este beneficio, argumentando que las circunstancias en Venezuela ya no justifican el programa. Este fallo representa un duro golpe para los beneficiarios del TPS, quienes temen ser deportados.
La votación de la Corte Suprema reflejó una división ideológica, con los jueces conservadores respaldando la decisión del Gobierno y los tres magistrados progresistas, incluidos Ketanji Brown Jackson, manifestando su desacuerdo.
En una opinión disidente, Jackson destacó la gravedad de la situación, indicando que esta intervención acelerada del tribunal podría tener consecuencias irreparables para miles de personas que dependen de las protecciones del TPS.
El caso cobró relevancia en 2023, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó la decisión de poner fin al TPS, pese a que la administración Biden había renovado las protecciones en 2021 y 2023.
Los beneficiarios del programa alegan que esta revocación no solo vulnera su seguridad, sino que también está motivada por prejuicios raciales y políticos. Además, este cambio afectaría gravemente a las economías locales en Estados Unidos.
La comunidad venezolana en Estados Unidos ha reaccionado con consternación ante el fallo. Los migrantes temen perder no solo sus empleos y estabilidad social, sino también sus derechos a atención médica. Cecilia González, miembro de la Alianza Nacional TPS, calificó la decisión de «desgarradora» y subrayó el profundo impacto que tendría en las vidas de cientos de miles de migrantes, muchos de los cuales han establecido una nueva vida en el país.
A pesar de la suspensión de la revocación del TPS en septiembre por un juez federal en California, que argumentó que la eliminación del programa causaría un daño irreparable a los migrantes, la Corte Suprema ha decidido continuar con la política del Gobierno. La situación podría prolongarse durante meses, incluso años, ya que el litigio sigue su curso en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Los venezolanos que actualmente residen legalmente en Estados Unidos gracias al TPS ahora enfrentan un futuro incierto. La terminación de este programa afectaría a miles de personas, que durante años han dependido de esta protección para mantenerse en el país, mientras sus familiares y amigos aún luchan con la crisis en Venezuela.