Juez federal frena el parole in place de Biden que otorgaba estatus legal a cónyuges de estadounidenses
Un juez federal en Estados Unidos bloqueó el programa migratorio parole in place de la administración de Joe Biden, que otorgaba estatus legal a ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses para que iniciaran sus trámites de residencia permanente (Green card).
La decisión, emitida por el juez J. Campbell Barker del Distrito Este de Texas, fue resultado de una demanda encabezada por el Fiscal General de Misuri, Andrew Bailey, y otros 16 estados, quienes argumentaron que la medida excedía la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El fallo judicial, emitido el jueves, señala que el DHS sobrepasó su autoridad legal al establecer el parole in place, una política diseñada para otorgar opciones de residencia a individuos sin requerirles abandonar y reingresar al país. Bailey, en un comunicado, justificó la demanda afirmando que los estados se vieron obligados a intervenir ante la falta de acción del gobierno federal para asegurar la frontera sur.
Implementado en medio de la campaña electoral del Partido Demócrata, el programa fue diseñado para simplificar el proceso de solicitud de residencia para los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.
El parole in place planeaba brindar protección a más de 500,000 personas en el país. Sin embargo, las autoridades estatales advirtieron que la implementación de esta política implicaría un incremento de los gastos en salud, educación y seguridad.
La demanda fue respaldada por otros estados, incluidos Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming, junto con la organización America First Legal, que también cuestionó la constitucionalidad del programa.
Para solicitar el parole, los interesados debían cumplir varios requisitos, entre ellos, haber residido en Estados Unidos de manera continua desde 2014 y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense antes de 2024. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) había recibido miles de solicitudes, las cuales ahora se encuentran en pausa debido a la decisión judicial.
La aplicación para el programa se realizaba mediante el Formulario I-131, un documento de viaje que los solicitantes debían enviar al USCIS sin costo adicional. Sin embargo, las tarifas administrativas para completar este trámite en 2024 ascienden a 580 dólares.
El fallo también abre una interrogante sobre la capacidad del poder judicial para intervenir en decisiones presidenciales. En el sistema estadounidense, la separación de poderes permite que el poder judicial, a través de la “revisión judicial”, evalúe la constitucionalidad de las órdenes del presidente o las políticas implementadas por departamentos gubernamentales.
Así, cualquier persona o grupo que considere una orden ejecutiva como inconstitucional puede presentar una demanda ante un tribunal federal. En este caso, el juez federal tiene la potestad de emitir una orden de suspensión que paralice la política hasta que se emita un fallo definitivo. De no estar conforme con la decisión, el gobierno federal podría apelar y llevar el caso hasta la Corte Suprema, un proceso que asegura revisiones en varios niveles.