Un juez federal en San José, California, emitió el 24 de diciembre una orden para suspender las detenciones de agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) en los tribunales de inmigración.
El juez Casey Pitts argumentó que esta práctica pone a los inmigrantes en una situación insostenible: asistir a sus audiencias y enfrentarse a un posible arresto, o no presentarse y arriesgarse a una deportación automática.
La decisión afecta a la región de San Francisco, que incluye tribunales en Concord, Sacramento y áreas de California Central, además de Hawái, Guam y Saipán. Desde mayo, se han documentado al menos 130 arrestos en los tribunales de inmigración de San Francisco y Concord, según Mission Local.
El juez Pitts determinó que las detenciones en los tribunales constituyen una “elección de Hobson”, en la que los inmigrantes deben optar entre enfrentar un arresto o no comparecer ante el tribunal y perder la oportunidad de defender su caso.
Esta práctica ha generado un aumento en la ausencia de inmigrantes a las audiencias, lo que afecta la integridad del sistema judicial de inmigración. Según el juez, esta situación ha generado un «efecto escalofriante» que desalienta a los inmigrantes a participar en sus audiencias, lo que agrava aún más las tensiones en el sistema judicial.
El fallo favoreció a dos solicitantes de asilo, Carmen Aracely Pablo Sequen, de Guatemala, y Ligia García, de Colombia, quienes fueron detenidas después de sus audiencias en los tribunales de San Francisco. Sequen, quien huyó de la persecución en su país en busca de seguridad, expresó que su temor al ser arrestada en el tribunal la ha perseguido desde entonces.
La decisión del juez Pitts busca proteger los derechos de los solicitantes de asilo, quienes, según el fallo, han visto vulnerados sus derechos bajo la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda.
ICE defendió su política, argumentando que los agentes pueden realizar arrestos en los tribunales si tienen «información creíble» sobre la presencia de un inmigrante. Sin embargo, antes de la administración de Trump, las detenciones en tribunales solo ocurrían en circunstancias limitadas, como si el inmigrante representaba una amenaza a la seguridad nacional o pública. La política cambió cuando Trump revocó las restricciones que limitaban las detenciones en los tribunales.
El fallo de Pitts podría ser apelado por la administración de Trump, que ya ha mostrado su intención de impugnar la decisión. Además, este caso se suma a una serie de disputas legales sobre las detenciones de inmigrantes en lugares considerados «sensibles», como hospitales, escuelas y tribunales. Aunque el fallo tiene un alcance limitado a la región de San Francisco, podría sentar un precedente que afecte otras áreas de los Estados Unidos.