Juez de EEUU permite plan de Trump para obligar a inmigrantes a registrarse o enfrentar sanciones
Un juez de EEUU aprobó jueves un controvertido plan de la administración de Donald Trump que obliga a los inmigrantes en situación irregular a registrarse ante el gobierno federal, o de lo contrario, enfrentarse a multas o incluso prisión. La decisión, tomada por el juez de distrito de Washington, Trevor McFadden, en favor de la normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
El fallo permite que el DHS implemente una nueva normativa que exige que los inmigrantes que se encuentren en EEUU de manera ilegal se registren en un sitio web del gobierno y porten documentos de registro, bajo pena de enfrentar sanciones penales si no cumplen. Aunque la ley federal ya obliga a los inmigrantes a registrarse, esta es la primera vez que se hace una aplicación tan estricta.
Diversas organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y los Trabajadores Agrícolas Unidos de América, interpusieron una demanda contra el DHS, pero el juez McFadden determinó que no habían demostrado tener la capacidad legal para presentar la demanda, ya que los daños que alegan son demasiado especulativos.
La medida representa una difícil elección para los inmigrantes en situación irregular: registrarse y arriesgarse a ser deportados o no hacerlo y enfrentar consecuencias aún más severas. Nicholas Espiritu, director legal adjunto del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, calificó la decisión de “decepcionante”, al señalar que obliga a los inmigrantes a tomar una decisión extremadamente arriesgada.
El Departamento de Seguridad Nacional había presentado esta normativa con el objetivo de reforzar la seguridad en las fronteras y aumentar las deportaciones. La medida, que entra en vigor este viernes, es una de las más recientes en una serie de políticas implementadas por la administración Trump para frenar la inmigración ilegal, que ha sido un tema central de su agenda desde el inicio de su presidencia.
El presidente Donald Trump, quien fue el encargado de nombrar al juez McFadden, ha repetido en numerosas ocasiones que frenar la inmigración ilegal y deportar a los inmigrantes indocumentados son prioridades clave de su gobierno. Aunque muchas de sus políticas han sido objeto de controversia y desafíos legales, este fallo permite que avance una de las medidas más drásticas de su administración.
A pesar de este avance, las políticas migratorias de Trump siguen siendo un terreno fértil para batallas legales. Recientemente, la Corte Suprema de EEUU emitió un fallo que obliga al gobierno a facilitar el regreso de un hombre que había sido deportado erróneamente a El Salvador, un ejemplo de las tensiones legales que acompañan a las políticas migratorias del presidente.
Además, el pasado 10 de abril, la jueza federal Indira Talwani, de Boston, bloqueó la revocación del ‘parole’ humanitario que afectaba a más de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Esta medida, implementada por la administración Trump, buscaba finalizar el programa que otorgaba estatus legal temporal a estos migrantes. La jueza argumentó que la decisión gubernamental se basaba en una interpretación incorrecta de la ley y que no se había proporcionado una justificación razonada para terminar el programa.