Varios tribunales federales han bloqueado múltiples órdenes ejecutivas de Donald Trump, argumentando que violan la Constitución de Estados Unidos. La medida más controvertida es la restricción de ciudadanía por nacimiento, anulada por la jueza Deborah Boardman el miércoles.
Otro fallo, del juez John Coughenour, acusó a Trump de ignorar el estado de derecho. La administración ha apelado una de estas decisiones, iniciando una batalla legal clave.
Trump intentó limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la jueza Boardman, designada por Biden, bloqueó la orden al considerar que violaba la 14.ª Enmienda. “Ninguna corte ha respaldado esta interpretación. Este tribunal no será el primero”, afirmó en su fallo. El Departamento de Justicia ha apelado la decisión, lo que llevará el caso a instancias superiores.
El juez John Coughenour, nombrado por Reagan, cuestionó la legalidad de las acciones de Trump, acusándolo de evadir la ley por interés personal o político. “La ley es un faro brillante en esta corte”, sentenció. Esta afirmación refuerza la creciente resistencia de los tribunales a las decisiones presidenciales.
Otras órdenes ejecutivas también fueron suspendidas. Un juez federal detuvo la orden de trasladar a mujeres trans en prisiones federales a instalaciones para hombres y eliminar la cobertura de tratamientos médicos para la comunidad trans. En Rhode Island, otro juez frenó la pausa en la financiación federal decretada por Trump, aunque la administración no parece cumplir completamente la orden.
Las cortes manejan múltiples casos en contra de Trump. En Washington, un juez medió conversaciones entre el gobierno y agentes del FBI que buscan evitar la divulgación de sus nombres por su relación con el asalto al Capitolio. La administración aceptó dar un aviso previo de dos días antes de hacer públicos sus nombres. La próxima audiencia será el 25 de marzo.
En Massachusetts, un juez retrasó la implementación del programa de «renuncia diferida» que afectaría a empleados federales. La legalidad del plan será evaluada el próximo lunes. Esto suma otro obstáculo para la administración Trump, que enfrenta más de 36 demandas en tribunales de todo el país.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha firmado decenas de órdenes ejecutivas, provocando una avalancha de litigios. Washington es el epicentro de estas disputas, con más de 20 demandas recientes. La presión sobre el Departamento de Justicia es evidente, con audiencias programadas para al menos ocho casos esta semana.
Muchos casos podrían llegar a la Corte Suprema, donde Trump dejó una mayoría conservadora de 6-3. Sin embargo, los jueces del Supremo han estado ocupados con otras actividades. Ketanji Brown Jackson estuvo en un evento en las Islas Vírgenes, Clarence Thomas juramentó a nuevos funcionarios en Washington, y Sonia Sotomayor recibió un premio en Louisville.
A medida que los litigios avanzan, la incertidumbre sobre el futuro de las órdenes ejecutivas de Trump crece. Los tribunales seguirán evaluando la constitucionalidad de sus decisiones, y la posibilidad de un enfrentamiento en la Corte Suprema es cada vez mayor.