La nueva regla de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) ha otorgado a los jueces de inmigración la facultad de revisar y rechazar solicitudes de asilo sin necesidad de realizar audiencias. La directora interina de la EOIR, Sirce Owen, anunció este cambio en un memorando interno, subrayando que los jueces podrán anticipar una decisión de rechazo si consideran que la solicitud no cumple con los requisitos legales básicos.
Los solicitantes deberán demostrar que su caso se ajusta a una de las cinco causales de asilo: persecución por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular.
Este cambio afecta directamente a los millones de extranjeros que esperan la resolución de sus casos de asilo. Con más de 3.7 millones de casos acumulados en los tribunales de inmigración, el sistema se encuentra sobrecargado.
Durante la administración de Barack Obama, el número de casos rondaba los 520,000, mientras que en la presidencia de Donald Trump aumentó a 1.2 millones. Ahora, bajo la administración de Joe Biden, el número sigue en ascenso. El memorando de Owen hace hincapié en la necesidad de que los jueces gestionen sus expedientes de manera más eficiente, con el objetivo de agilizar la resolución de los casos pendientes.
La nueva normativa refleja una política similar a la implementada durante la administración de Trump, cuando se establecieron cuotas para los jueces y se incentivó a los tribunales a acelerar los procesos de deportación.
A diferencia de lo establecido anteriormente, los jueces ahora tienen la autoridad para rechazar solicitudes sin audiencia si las consideran “legalmente insuficientes”. Esto significa que si el solicitante no demuestra, con suficiente claridad, que su caso cumple con las causales de asilo, el juez puede desestimar la solicitud y proceder con la orden de deportación.
La carga de demostrar la elegibilidad para el asilo recae completamente en el solicitante, quien debe justificar que su solicitud está basada en una de las causales de persecución reconocidas por la ley. Según el memorando de la EOIR, si un solicitante no presenta pruebas suficientes para respaldar su petición, el juez tiene el derecho de rechazar el caso, sin necesidad de audiencia. Sin embargo, el solicitante tiene 30 días para apelar la decisión del juez.
José Guerrero, abogado de inmigración con sede en Miami, destacó que bajo la nueva normativa, los jueces pueden evaluar los casos de asilo antes de una audiencia. Si el caso no está debidamente fundamentado y no cumple con los requisitos legales, el juez puede rechazarlo sin escuchar al solicitante. Esto hace que la representación legal sea aún más crucial, ya que un abogado especializado puede asegurar que el caso se presente de forma estructurada y conforme a las causales legales.
El memorando también menciona que, desde 1989, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) había abordado la preterminación de solicitudes de asilo legalmente insuficientes, aunque las regulaciones no se aplicaban consistentemente.
La nueva regla busca rectificar esta situación, permitiendo a los jueces rechazar solicitudes sin necesidad de una audiencia adicional. A pesar de las críticas generadas por esta medida, que limitan las razones válidas para solicitar asilo a solo las causales de persecución reconocidas por la ley, algunos abogados de inmigración han expresado su preocupación por el impacto que tendrá en los solicitantes. Argumentan que situaciones como la pobreza o la búsqueda de una vida mejor no deben ser descartadas como razones válidas para pedir asilo.