Hialeah, una de las ciudades con mayor proporción de residentes hispanos en Estados Unidos, podría convertirse en uno de los primeros municipios de Miami-Dade en colaborar con el gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración.
De acuerdo con el Miami Herald, este martes, el concejo municipal presentará una resolución que autoriza al alcalde Esteban Bovo Jr. a firmar un acuerdo con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para permitir que la policía local asuma ciertas funciones migratorias.
Si se aprueba, este acuerdo bajo el programa 287(g) otorgaría a los agentes de la policía de Hialeah la facultad de interrogar y arrestar a inmigrantes que crean que están violando la ley migratoria. Además, podrían ejecutar órdenes y detenciones relacionadas con el estatus migratorio. La iniciativa sigue la línea de la administración de Donald Trump, que ha insistido en que las agencias locales deben colaborar en la deportación de inmigrantes indocumentados.
La decisión de Hialeah ha generado inquietud entre los residentes, dado que el 75% de su población nació fuera de Estados Unidos. La medida afectaría a miles de inmigrantes, incluyendo cubanos, haitianos y venezolanos, que han encontrado en esta ciudad un refugio tras huir de crisis económicas y políticas en sus países de origen
Desde la llegada de Trump a la presidencia, se han endurecido las políticas migratorias, lo que ha dejado a muchos en una situación legal incierta. Ahora, con la posible participación activa de la policía local en la aplicación de estas normas, el temor a la deportación se intensifica.
El Departamento de Policía de Hialeah argumenta que la colaboración con ICE fortalecerá la seguridad de la ciudad y mejorará la respuesta ante la inmigración ilegal. La abogada adjunta de la ciudad, Barbara T. Govea, presentó la solicitud al alcalde Bovo y al concejo municipal, afirmando que el objetivo es optimizar los recursos policiales.
En Florida, la ley estatal ya exige que los alguaciles y jefes de correccionales firmen acuerdos 287(g) con ICE. En cumplimiento de esta normativa, todas las cárceles del estado han suscrito dichos acuerdos, y varios departamentos de policía en ciudades como Coral Gables, Davie y Key West han seguido el mismo camino.
Defensores de los inmigrantes han manifestado su rechazo a la iniciativa, argumentando que socava la confianza en la policía y podría disuadir a los inmigrantes de denunciar delitos o colaborar con las autoridades. Según organizaciones de derechos humanos, el programa 287(g) ha sido criticado por fomentar la discriminación racial y promover la deportación masiva sin las debidas garantías legales.
En los últimos años, Hialeah ha experimentado una afluencia masiva de migrantes, principalmente cubanos. Según cifras del propio alcalde Bovo, en los últimos dos años han llegado a la ciudad aproximadamente 80.000 cubanos, lo que ha ejercido presión sobre los recursos locales.
Ante este panorama, el concejo municipal votó en 2024 para rechazar formalmente las políticas migratorias de la administración de Joe Biden, pidiendo al gobierno federal mayores restricciones en la frontera para frenar la llegada de nuevos migrantes.
El jefe del Departamento de Policía de Hialeah, George Fuentes, aseguró que todos los agentes recibirán capacitación específica para la implementación del acuerdo con ICE. No obstante, la comunidad inmigrante teme que esta medida conduzca a abusos y discriminación.
Jose Torres, oficial ejecutivo del jefe de policía, intentó disipar los temores afirmando que las operaciones se realizarán dentro del marco legal y en coordinación con el Condado Miami-Dade, que ya tiene su propio acuerdo con ICE.
“El procedimiento será el mismo de siempre. Si alguien es detenido por una infracción de tráfico, se le pedirá su licencia como es habitual”, explicó Torres. Sin embargo, los críticos advierten que este tipo de políticas pueden generar un clima de temor entre los inmigrantes y erosionar la cohesión social en la ciudad.