Gobernadores de EEUU piden a Biden detalles de ubicación y estatus de los beneficiados del parole
Veinticinco gobernadores de Estados Unidos, encabezados por la mandataria de Alabama, Kay Ivey, enviaron una carta a la administración de Joe Biden exigiendo detalles sobre el estado legal y la ubicación de los migrantes beneficiarios del programa de parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV). Según los gobernadores, el programa carece de control y ha generado preocupación por su implementación.
El martes, Ivey dio a conocer el contenido de la carta, que describe cómo el programa CHNV, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), permite que inmigrantes de estos países reciban autorización para viajar a EE.UU. y residir allí por dos años, aunque no cuenten con algunos documentos requeridos para la entrada regular al país. Los gobernadores calificaron el programa de «erróneo» y «mal orientado».
Los mandatarios estatales, en su carta, manifestaron inquietudes sobre la falta de transparencia en cuanto a la ubicación y el estatus migratorio de los beneficiarios del CHNV. Señalaron que sus estados han sido “involuntariamente colocados en un rol de apoyo” sin recibir recursos ni información anticipada. Esto, afirman, afecta la capacidad de las autoridades locales para prepararse ante la llegada de migrantes.
Alabama Gov. Kay Ivey on Tuesday announced a letter to the Biden administration demanding information on its CHNV parole program.https://t.co/ouWTxkG98h
— The National Desk (@TND) October 8, 2024
Además, solicitaron que el DHS les proporcione detalles sobre los patrocinadores estadounidenses de los migrantes, quienes son responsables de brindar apoyo financiero. La falta de claridad sobre los patrocinadores y la llegada de los migrantes ha generado «alarma» entre los funcionarios locales y la población.
En su misiva, los gobernadores también denunciaron que las autoridades locales y de seguridad han tenido que depender de noticias y publicaciones en redes sociales para estimar el número de migrantes que ingresan a sus estados. Esta falta de información ha generado confusión en torno al impacto que los migrantes podrían tener sobre los servicios públicos ya limitados.
“Sin datos sobre los patrocinadores ni la ubicación de los migrantes, las fuerzas de seguridad estatales y locales enfrentan enormes limitaciones para investigar posibles casos de abuso y tráfico humano”, señalaron los gobernadores.
Los gobernadores advierten que la ausencia de comunicación adecuada con el gobierno federal ha fomentado el miedo y la desconfianza en las comunidades, lo que genera un ambiente propicio para la explotación y abuso de los migrantes. Según los mandatarios, esta situación debilita la capacidad del DHS para identificar y prevenir el abuso del programa de parole.
Hasta finales de agosto, casi 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente a EEUU bajo el programa de parole. No obstante, Washington anunció recientemente que aquellos que reciban este beneficio deberán regularizar su estatus migratorio, ya que el permiso no será renovado después de dos años.
Luego de la suspensión del programa a principios de agosto, tras la revelación de un informe que exponía altos niveles de fraude, las autorizaciones del parole fueron restablecidas con nuevas y más rigurosas medidas de control. Estas incluyen una mayor revisión de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, con el fin de detectar perfiles fraudulentos y solicitudes presentadas en serie.
Como parte de las nuevas regulaciones, el proceso de solicitud ahora incluye el registro de huellas dactilares de los patrocinadores en Estados Unidos, así como un análisis exhaustivo de los antecedentes de los posibles beneficiarios del parole. Estas medidas buscan reforzar el control sobre el programa y reducir el riesgo de explotación y abuso.
La carta también subraya que la falta de recursos y apoyo a nivel federal está afectando a las comunidades locales, que se ven obligadas a proporcionar servicios sin los medios necesarios. Los gobernadores instan a la administración Biden a ofrecer respuestas claras sobre la gestión y control del programa, para evitar que se repitan situaciones de desinformación que afectan tanto a los migrantes como a los residentes locales.