El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley el pasado lunes que impone restricciones al acceso de los menores a las redes sociales y responsabiliza a los padres y empresas que operan estas plataformas.
La ley, respaldada de manera bipartidista por los legisladores estatales, prohíbe a los niños menores de 14 años crear cuentas en las redes sociales y exige que los adolescentes de 14 y 15 años obtengan el consentimiento de sus padres para hacerlo.
Además, las plataformas están obligadas a eliminar los perfiles de los menores que no cumplan con estas condiciones, enfrentando multas significativas en caso de incumplimiento.
Según divulgó la oficina de prensa del gobernador, la normativa va dirigida especialmente a aquellas redes sociales caracterizadas por promover la “navegación infinita”, utilizar métricas de reacción como los “me gusta”, incluir videos de reproducción automática y ofrecer retransmisiones en directo y notificaciones push. Quedan exentas de esta regulación las aplicaciones de comunicación privada, como el correo electrónico y la mensajería instantánea.
La ley también otorga a los padres la facultad de presentar demandas civiles contra las plataformas que no cumplan con la eliminación de información personal de las cuentas canceladas, reforzando así el papel de los padres en la supervisión de la actividad online de sus hijos.
Opiniones encontradas y previsible batalla judicial
Sus defensores argumentan que esta medida es crucial para proteger a los menores de los riesgos asociados con el uso excesivo de las redes sociales, incluyendo problemas de ansiedad y depresión.
Por otro lado, los críticos sostienen que la ley infringe las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que debería ser responsabilidad de los padres, y no del gobierno, regular la presencia online de sus hijos.
Empresas como Meta, la compañía matriz de Instagram y Facebook, han expresado su desacuerdo con la ley, alegando que limita la autonomía de los padres y plantea serias preocupaciones sobre la privacidad de los datos de los usuarios.
Sobre la legislación, que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2025, se espera que desencadene una intensa batalla judicial entre las partes involucradas.