Equipo legal de la Casa Blanca pide a la Corte Suprema que revoque el TPS para venezolanos
El equipo de abogados de la Casa Blanca solicitó formalmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revoque la decisión de un juez federal, quien había bloqueado la eliminación, por parte de Donald Trump, del beneficio de Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
La solicitud del equipo legal es parte de una apelación que podría tener graves consecuencias para más de 350.000 venezolanos que viven en los Estados Unidos y enfrentan la amenaza de deportación.
El procurador general John Sauer argumentó que la decisión tomada por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al revocar el TPS es una medida que excede la autoridad de un juez federal. La revocación de estas protecciones migratorias afectaría a venezolanos que han huido del régimen opresivo del presidente Nicolás Maduro.
El TPS, que fue extendido por la administración de Joe Biden hasta octubre de 2026, proporciona protecciones de deportación a los ciudadanos venezolanos que han estado en el país debido a la crisis humanitaria y política en Venezuela. Sin embargo, después de asumir el cargo, Trump, a través de Noem, decidió revertir esta medida, lo que provocó una serie de demandas por parte de grupos de defensa de los inmigrantes.
El fallo de un tribunal federal de apelaciones en San Francisco el mes pasado había apoyado la decisión del juez Edward M. Chen, quien determinó que la revocación del TPS podría causar daños irreparables a los beneficiarios, afectando no solo sus permisos de trabajo, sino también su seguridad y bienestar.
Además, el juez sostuvo que la decisión de Noem estaba basada en “generalizaciones” y “estereotipos” sobre los venezolanos, una postura que fue calificada como “racismo” en su fallo de marzo.
Por su parte, la apelación de la administración Trump argumenta que la Corte Suprema debe intervenir para evitar que el gobierno se vea obligado a suspender una política migratoria que considera que va en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos. La solicitud subraya que la revocación de la protección temporal sería un paso necesario para restablecer la seguridad y el orden en el sistema migratorio estadounidense.
El futuro de los 350.000 venezolanos beneficiarios del TPS está en juego, ya que la revocación de las protecciones podría dejarlos vulnerables a la detención y deportación. La situación ha generado gran preocupación, particularmente entre la comunidad venezolana en el sur de Florida, donde muchos se han establecido durante los últimos años debido a la crisis económica y política que atraviesa Venezuela.
Los demandantes en este caso, representados por el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA y la Fundación ACLU del Sur de California, argumentan que la revocación del TPS es ilegal y discriminatoria, violando los principios de igualdad ante la ley. Según los abogados, la decisión de Noem es parte de un patrón más amplio de prejuicios contra inmigrantes no europeos.
La Corte Suprema ahora debe decidir si tomará el caso para revisión. Si lo hace, la decisión final podría sentar un precedente importante sobre el futuro del TPS no solo para los venezolanos, sino también para otros grupos de inmigrantes que podrían enfrentar la revocación de sus protecciones migratorias. El fallo tiene el potencial de cambiar la dirección de la política migratoria en EEUU.