El gobierno del presidente Donald Trump anunció este viernes un pago de 2.500 dólares para que niños migrantes regresen voluntariamente a sus países de origen, una propuesta que, según ICE, busca incentivar “el retorno asistido” tras la aprobación de un juez de inmigración y el arribo del menor a su país. La medida tendría alcance nacional y se aplicaría, de inicio, a adolescentes de 17 años.
La información trascendió a través de un correo electrónico enviado a refugios bajo la Administración para Familias y Niños (HHS), al que accedió Associated Press. El mensaje indicaba que menores de 14 años o más recibirían 2.500 dólares y que tendrían 24 horas para responder. Se pidió a los directores de refugios acusar recibo en cuatro horas.
ICE no precisó la fecha de inicio ni todos los criterios de elegibilidad. Tampoco HHS ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a consultas sobre el monto y los rangos de edad. En un comunicado, ICE sostuvo que el apoyo financiero se entregaría solo tras la autorización judicial y el retorno efectivo del menor.
La agencia desestimó versiones que circulan entre abogados y activistas sobre una supuesta operación de deportación masiva de menores no acompañados, apodada “Freaky Friday”. En paralelo, el gobierno también ofrece 1.000 dólares a adultos que opten por la salida voluntaria.
Organizaciones de derechos de la niñez alertaron que el incentivo económico puede distorsionar decisiones legales complejas. “Para un niño, 2.500 dólares podría ser la mayor suma vista en su vida y dificultar evaluar los riesgos de salir voluntariamente frente a litigar su caso”, advirtió Melissa Adamson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho Juvenil.
Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, calificó la oferta como una presión para abandonar reclamos legales “y regresar a una vida de miedo y peligro sin una audiencia justa”. Abogados de la diáspora cubana consultados señalan que la medida, de aplicarse, afectaría a adolescentes antillanos en trámites de asilo o reunificación familiar.
Desde octubre de 2021, las autoridades han detenido a más de 400.000 menores que cruzaron solos la frontera. La ley de 2008 exige que todo niño comparezca ante un juez de inmigración antes de ser repatriado, un proceso que suele extenderse por meses.
La administración Trump incrementó los controles previos a la liberación de menores con patrocinadores en Estados Unidos, lo que ha prolongado estancias en refugios. Los procedimientos incluyen huellas dactilares, pruebas de ADN y visitas domiciliarias por agentes.
Durante el verano, activistas reportaron arrestos de padres cuando acudían a entrevistas con autoridades migratorias, lo que, según expertos, desincentiva que familias se presenten y complica la reunificación. ICE no comentó esos casos.
La estadía promedio en refugios de liberados fue de 171 días en julio, por debajo del pico de 217 días en abril, pero muy por encima de los 37 días registrados en enero, cuando Trump asumió el cargo. Para familias cubanas en EE. UU., esos plazos agravan costos y riesgos, a la espera de audiencias y definiciones judiciales.