Pedro Cesar Ramos-Cruz, un cubano de 33 años, fue sentenciado a 10 años de prisión federal por conspiración para traer inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, reingreso ilegal tras haber sido deportado y posesión de armas de fuego por un extranjero. La sentencia fue anunciada por John P. Heekin, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida.
El caso es un ejemplo del éxito de la operación nacional «Take Back America», que busca frenar la inmigración ilegal. Según Heekin, Ramos-Cruz no solo violó la ley de inmigración al reingresar ilegalmente, sino que también representaba un peligro para las comunidades al traficar con inmigrantes y portar armas robadas.
El 2022, Ramos-Cruz fue detenido por oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida durante una inspección rutinaria. En su poder, encontraron un libro de contabilidad de contrabando de inmigrantes, 20 pasaportes extranjeros, más de $13,000 en efectivo, narcóticos y armas de fuego robadas.
Tras la investigación de Seguridad Nacional, se descubrió que Ramos-Cruz, deportado previamente en 2019 y 2020, colaboraba con el Cartel del Golfo en el tráfico de inmigrantes de Cuba, Honduras, Nicaragua y Colombia hacia Estados Unidos.
El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Nicholas Ingegno, afirmó que Ramos-Cruz ponía en riesgo la vida de los inmigrantes al tratar a las personas como mercancía, sin importar su bienestar. «Nuestra misión es erradicar este tipo de conductas criminales que amenazan nuestra seguridad», dijo.
El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Mark Glass, destacó que este caso comenzó con una parada de tráfico que llevó a desmantelar una red criminal vinculada al Cartel del Golfo. La acción demuestra el compromiso de FDLE y las agencias federales con la seguridad de Florida.
Ramos-Cruz enfrenta ahora un proceso de deportación, después de cumplir su condena federal. Este caso es parte de la iniciativa «Take Back America», cuyo objetivo es erradicar el crimen organizado y proteger a las comunidades de delitos violentos.
El caso fue investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Patrulla de Carreteras de Florida y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. La Fiscalía del Distrito Norte de Florida fue clave en el procesamiento.