EEUU impone nuevas tarifas a visas y trámites migratorios, afectando a miles de extranjeros
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la implementación de una nueva tarifa de al menos 250 dólares a las visas de no inmigrante. Esta medida, aprobada en la reciente ley presupuestaria del presidente Donald Trump, afecta a todos los extranjeros que ingresan al país con visas de turistas, negocios, y estudiantes internacionales. La nueva tarifa, conocida como “tarifa de integridad de visa”, se añadirá a los costos ya establecidos para estos trámites.
La disposición, firmada el 4 de julio de 2025, fue promovida por el presidente Trump como parte de sus esfuerzos para mejorar el sistema migratorio estadounidense y reducir el déficit fiscal. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que esta medida podría generar un ahorro de hasta 28.900 millones de dólares en los próximos diez años.
El Departamento de Estado ha informado que el pago de esta tarifa será requerido en el momento de la emisión de las visas y no habrá exenciones para personas con recursos limitados. Sin embargo, aquellos viajeros que cumplan con las condiciones de su visa y abandonen el país dentro del plazo establecido, podrán optar por un reembolso.
Además de la tarifa de integridad de visa, la ley también incrementa los costos de otros trámites migratorios, como la solicitud de asilo, que ahora tendrá un costo de 100 dólares para la solicitud inicial y una tarifa adicional de 100 dólares por cada año que la solicitud permanezca pendiente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también ha incrementado el valor de otros trámites relacionados con permisos de trabajo, Estatus de Protección Temporal (TPS), y visas de no inmigrante.
En particular, el permiso de trabajo (EAD), necesario para quienes esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo o TPS, ahora costará 550 dólares en su primera solicitud, mientras que las renovaciones tendrán un costo de 275 dólares. El registro al TPS también ha aumentado considerablemente, pasando de 50 a 500 dólares.
Una de las medidas más controversiales es la tarifa impuesta al Programa de Parole Humanitario, que afectaba a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. A pesar de que la nueva ley establece tarifas de 1,000 dólares por la solicitud y 550 dólares por el permiso de trabajo, este programa fue suspendido a principios de 2025 debido a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar su vigencia.
La comunidad migrante, especialmente aquellos que se benefician del Programa de Visas de Diversidad, ha expresado su preocupación sobre el impacto de estas nuevas tarifas, que consideran excesivas y restrictivas. Recientemente, más de 100 cubanos ganadores de la lotería de visas 2025 enviaron una carta al Departamento de Estado exigiendo una revisión de las políticas migratorias.
La imposición de estas tarifas ha sido recibida con críticas de organizaciones como el Consejo Americano de Inmigración (AIC), que argumentan que las altas tarifas limitan el acceso a los servicios migratorios, especialmente para quienes no pueden costear los costos adicionales. En este contexto, la nueva ley de Trump se enfrenta a un creciente rechazo por parte de la comunidad migrante y defensores de los derechos humanos.
A pesar de las críticas, el gobierno estadounidense justifica la medida como un esfuerzo para reforzar la integridad del sistema migratorio y financiar los gastos operativos asociados con el procesamiento de visas y solicitudes de asilo. Sin embargo, muchos migrantes temen que estos costos adicionales puedan hacer aún más difícil el acceso a oportunidades legales de inmigración.