El 18 de junio de 2025, un vuelo de deportación fletado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con 89 migrantes cubanos a bordo.
Este vuelo es el sexto de su tipo bajo la administración de Donald Trump y forma parte de un total de 20 vuelos de repatriación realizados en 2025, lo que eleva a 676 el número de deportados cubanos este año. Entre los deportados, 76 eran hombres, 12 mujeres y un menor de edad.
Las deportaciones se enmarcan dentro de los acuerdos migratorios bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno cubano ha aceptado la mayoría de los deportados sin antecedentes penales, especialmente aquellos que emigraron recientemente.
No obstante, los deportados con antecedentes criminales o en libertad condicional son sometidos a investigaciones adicionales. Desde la reanudación de los vuelos de deportación en abril de 2023, tras la pandemia de COVID-19, se ha mantenido un promedio de un vuelo mensual.
Cuba ha mostrado reticencia a aceptar a aquellos con antecedentes penales graves o a quienes han permanecido fuera del país por largos períodos. Esta situación ha llevado a las autoridades estadounidenses a explorar alternativas, como enviar a los deportados a países no tradicionales como Sudán del Sur.
Simultáneamente, en Miami, la Comisión de la Ciudad aprobó un acuerdo con ICE bajo el programa 287(G), permitiendo que la policía local participe en labores de inmigración. Tres comisionados votaron a favor, mientras que dos se opusieron, argumentando que esta medida perjudicaría a la comunidad migrante. A pesar de las críticas, el jefe de la policía de Miami, Manny Morales, aclaró que el acuerdo no implicará persecuciones activas, sino que se limitará a casos específicos.
En paralelo a estas medidas migratorias, el congresista republicano Carlos Giménez visitó el Centro de Detención Federal (FDC) en el centro de Miami tras denuncias sobre condiciones inadecuadas para los migrantes detenidos. Durante su recorrido, Giménez negó las acusaciones de hacinamiento y maltrato, subrayando que el centro tiene una capacidad de 500 personas y actualmente alberga a 311.
El congresista destacó que los detenidos tienen acceso a comida, agua, aire acondicionado, y atención médica, aunque también reconoció incidentes recientes en los que los detenidos desobedecieron órdenes, lo que llevó a la intervención de las autoridades para restaurar el orden.