EEUU advierte que empeorará el hambre en Cuba con las nuevas medidas en contra de las Mipymes
La Embajada de Estados Unidos en La Habana en referencia a un mensaje publicado por el Brian A. Nichols, subsecretario del Departamento de Estado, advirtió que las nuevas restricciones impuestas por el régimen comunista que limitan la actividad comercial de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), agravarán la inseguridad alimentaria y afectarán a los emprendedores privados.
El comunicado de la sede diplomática destaca que la Resolución 56/2024, publicada en la Gaceta Oficial, restringe la venta mayorista, lo cual complica la actividad del sector privado, ya afectado por la escasez de canales de distribución.
Las regulaciones del gobierno cubano adoptadas el 5 de diciembre restringirán aún más a los emprendedores independientes del país y empeorarán la inseguridad alimentaria en la isla. Los cubanos merecen algo mejor. https://t.co/060d9Jqo2K
— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) December 10, 2024
Los diplomáticos estadounidenses señalan que estas medidas reducirán las posibilidades de los emprendedores independientes. “Los cubanos merecen algo mejor”, se lee en el mensaje de la embajada, alertando sobre un posible aumento de la tensión social debido a la falta de opciones alimentarias.
Estas críticas directas ocurren en las primeras semanas de Mike Hammer al frente de la misión en La Habana. Con más de tres décadas de carrera, Hammer llega tras la gestión de Benjamin Ziff. Su pronunciamiento pone el foco internacional sobre el estricto control estatal del mercado interno cubano.
El régimen comunista mantiene una firme intervención. Las Mipymes y cooperativas solo podrán vender al por mayor sus propios productos a entidades del Estado o a través de comercializadoras mayoristas estatales. Aquellas con la venta mayorista como actividad secundaria perderán sus licencias, limitando la competencia independiente.
Por su parte, los trabajadores por cuenta propia dedicados a la venta mayorista quedan excluidos. Las empresas tienen 90 días hábiles para adecuar sus licencias y 120 días para liquidar inventarios. Luego, inspecciones estatales impondrán multas, decomisos y la pérdida de licencias a los infractores.
El gobierno justifica estas restricciones buscando “ordenar” el sector, pero expertos como el economista cubano Pedro Monreal advierten un posible retroceso económico. La Embajada de EEUU coincide, enfatizando que el empeoramiento de la inseguridad alimentaria podría desencadenar protestas y mayor inestabilidad social.
Monreal subraya que la nueva norma desincentiva la inversión privada y vuelve a las Mipymes en “clientes cautivos” del Estado. Esta asimetría favorece al régimen, que aumenta su control y merma la iniciativa independiente, alimentando la percepción de un sistema deliberadamente opresivo.