Dos ciudadanos cubanos, Yordany Capote-Leon, de 31 años, y Yuniel Cabrera Piloto, de 44, se declararon culpables de cargos de tráfico de personas, según un fallo emitido por un juez federal en Miami. Los hechos tuvieron lugar el 24 de octubre de 2024, cuando ambos hombres, a bordo de una embarcación tipo “cuddy cabin”, salieron desde Estados Unidos con destino a aguas de las Bahamas.
En esas aguas, Capote-Leon y Piloto abordaron a 18 individuos y regresaron hacia la costa estadounidense. Su actividad fue detectada por la tripulación del guardacostas de la Guardia Costera de EEUU (USCG) que, al notar el comportamiento sospechoso, los siguió hasta las aguas de Estados Unidos, cerca de Key Largo, Florida. Al intentar evadir a las autoridades, el barco de los traficantes fue detenido luego de disparos de advertencia.
Los 18 individuos que se encontraban a bordo de la embarcación, todos de nacionalidad ecuatoriana, no tenían autorización para ingresar al país. Entre ellos, tres personas, previamente deportadas de EEUU, fueron identificadas: Jorge Fabian Albarrasin Cabrera, Marcelo Patricio Pesantez-Merchan y Juan Carlos Villa Arpi. Las autoridades migratorias estadounidenses confirmaron que estos sujetos tenían antecedentes de haber sido expulsados del país en ocasiones anteriores.
El caso fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Guardia Costera de EE. UU. Una vez que las autoridades abordaron la embarcación, todos los ocupantes fueron trasladados al USCG Cutter Manowar, donde se verificó su estatus migratorio. Los tres sujetos con antecedentes fueron detenidos, mientras que el resto de los involucrados fue deportado a las Bahamas.
El 4 de marzo de 2025, el juez federal K. Michael Moore sentenció a Capote-Leon a 37 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Por su parte, Piloto se declaró culpable el 6 de marzo y fue sentenciado el 4 de abril. Su audiencia de sentencia está programada para el 8 de mayo de 2025, y enfrenta una posible pena de hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.
El caso ha generado controversia en la comunidad cubana en el sur de Florida, especialmente entre aquellos que consideran que la dureza de las leyes migratorias afecta a todos los cubanos por igual. En redes sociales, varios usuarios expresaron su indignación por el tráfico de personas, pero también señalaron que este tipo de incidentes afecta la imagen de los migrantes cubanos que buscan una vida mejor en Estados Unidos.
El fiscal estadounidense Hayden O’Byrne y José R. Figueroa, agente especial interino a cargo de HSI en Miami, fueron quienes anunciaron las sentencias. La fiscalía destacó el trabajo en conjunto con las autoridades de CBP y la USCG en la lucha contra el tráfico humano en la región.