El Ayuntamiento de Doral aprobó un acuerdo con el Gobierno federal que autoriza a las fuerzas del orden locales a realizar funciones migratorias, en un movimiento polémico que involucra la implementación del programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Este programa permite a los agentes de policía realizar actividades de control migratorio, como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, así como ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias. La decisión se tomó bajo la presión de una ley estatal que obliga a las autoridades locales a unirse al programa.
En la reunión del consejo municipal, el fiscal Lorenzo Cobiella expresó su dolor ante la medida, explicando que la ciudad tenía pocas opciones y que se veía obligada a tomarla para evitar sanciones legales. Sin embargo, Adelis Ferro, residente de Doral, criticó duramente la medida, advirtiendo que convertir a la Policía local en un brazo del ICE dañaría la confianza en las autoridades y pondría en peligro la seguridad de la comunidad, especialmente la población inmigrante.
Doral, conocido como “Doralzuela” por su alta población venezolana, alberga alrededor de 27,000 inmigrantes de Venezuela, quienes sienten particularmente amenazados por esta medida. Algunos residentes temen que el programa cree un ambiente de miedo y desconfianza, reduciendo la cooperación con la policía y exponiendo a los inmigrantes indocumentados a mayores riesgos.
Aunque el concejal Rafael Pineyro defendió el acuerdo, alegando que se enfoca en personas que han cometido delitos, otros como Amanda Sherlock alertaron que la medida podría debilitar la eficacia de la Policía local. Por su parte, la vicealcaldesa Maureen Porras intentó tranquilizar a la comunidad, asegurando que no se atacará a los residentes de manera indiscriminada.
Además, es importante recordar que los migrantes venezolanos en EEUU han enfrentado cambios significativos en sus estatus migratorios. Recientemente, se les retiró el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que les otorgaba un estatus de protección temporal debido a la crisis política y económica en su país.
Patrulla de Carreteras de Florida también puede detener a migrantes
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, autorizó hace algunas semanas a la Patrulla de Carreteras del estado para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la detención de inmigrantes sin estatus legal.
Florida será uno de los primeros estados en otorgar a su Policía Estatal facultades migratorias bajo la supervisión de ICE, permitiendo a los oficiales interrogar a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.
DeSantis justificó la medida como parte de la política migratoria del expresidente Donald Trump, que busca reforzar la seguridad y acelerar las deportaciones. Aunque los oficiales de la Patrulla de Carreteras no podrán realizar arrestos como los agentes de ICE, sí podrán detener a sospechosos y remitirlos a las autoridades migratorias.
La medida ha generado reacciones divididas, con algunos apoyándola como necesaria para la seguridad, mientras que otros la critican por criminalizar a la población migrante. Además, DeSantis mencionó que probablemente vetará una propuesta legislativa para nombrar un “zar de inmigración” en el estado.