Detención obligatoria y sin derecho a fianza: el nuevo peligro que enfrentan los inmigrantes irregulares en EEUU
El 5 de septiembre de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) de EEUU dictó un fallo que alterará profundamente el proceso migratorio para aquellos que han ingresado de manera irregular al país.
A partir de esta decisión, los inmigrantes que cruzaron la frontera sin ser inspeccionados ya no podrán solicitar fianza durante su proceso de deportación y estarán obligados a permanecer detenidos hasta que se resuelva su caso. Este cambio marca una nueva interpretación de la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que ahora establece que la detención es obligatoria para los inmigrantes no admitidos legalmente.
El fallo se originó en el caso de Jonathan Javier Yajure Hurtado, un venezolano que cruzó la frontera en noviembre de 2022 sin inspección. A pesar de haber recibido Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual expiró en abril de 2025, Yajure solicitó una audiencia de fianza que fue rechazada.
La BIA consideró que, al haber ingresado ilegalmente, no tenía derecho a solicitar una audiencia de fianza, basándose en que la ley obliga la detención para quienes no han sido admitidos legalmente.
Este fallo implica que, incluso si un inmigrante ha residido en EEUU durante años sin un estatus legal, no podrá solicitar una audiencia de fianza. La BIA adoptó una postura estricta de la ley, dejando claro que la detención es obligatoria para todos aquellos que ingresaron al país sin inspección.
El enfoque ha generado preocupación, ya que, aunque existen alternativas como el parole humanitario o la solicitud de habeas corpus, estos procesos son complejos y no garantizan el éxito.
La nueva política de detención obligatoria refleja la postura adoptada por la administración de Donald Trump. En 2025, el director interino de ICE, Todd M. Lyons, instruyó a los oficiales migratorios a mantener detenidos a los inmigrantes irregulares hasta que se resuelvan sus casos.
Esta medida refuerza la estrategia del gobierno de aplicar una detención obligatoria para quienes ingresan ilegalmente al país, sin considerar su tiempo de residencia o circunstancias personales.
La decisión ha provocado fuertes reacciones entre defensores de los derechos de los inmigrantes. Muchos temen que esta medida obligue a los inmigrantes a abandonar sus casos, incluso cuando tengan razones válidas para permanecer en EEUU.
Dana Leigh Marks, exjueza de inmigración, calificó el fallo como “horrible” y lo describió como un intento cínico de forzar a los inmigrantes a desistir de su lucha legal, mientras están detenidos en condiciones precarias.
A pesar de la importancia del fallo, este no es vinculante para el poder judicial de EE. UU., lo que deja abierta la posibilidad de que sea apelado ante el 9º Circuito de Apelaciones. Algunos jueces federales han emitido fallos en contra de esta interpretación, argumentando que la ley no requiere la detención obligatoria para los inmigrantes que llevan años viviendo en el país.
Estos jueces se basan en una sentencia de la Corte Suprema de 2018, que estipula que la ley debe diferenciar entre quienes son detenidos en la frontera o poco después de su ingreso, y aquellos que ya residen en EE. UU.
La detención obligatoria podría representar un duro golpe para los inmigrantes que ya enfrentan dificultades para regularizar su estatus. La combinación de la detención indefinida y la limitada posibilidad de solicitar fianza pone a estos inmigrantes en una posición vulnerable. Las implicaciones de este fallo, en caso de que no se revierta, podrían afectar a millones de personas que viven en el país sin un estatus legal claro.