Varias organizaciones civiles presentaron una demanda federal contra la administración de Donald Trump por impedir el acceso a abogados a inmigrantes enviados a la base naval de Guantánamo, en Cuba. La acción judicial, liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), acusa al gobierno de violar derechos constitucionales.
La querella, interpuesta en Washington, D.C., se dirige contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre los demandados están los titulares Kristi Noem, Pete Hegseth, Marco Rubio y Caleb Vitello.
Según la demanda, el gobierno de Trump mantiene a los inmigrantes en la base sin acceso a abogados, familiares ni al mundo exterior. ACLU denunció en redes sociales que la acción del presidente es “inaudita e ilegal”. “Presidente Trump, nos veremos en los tribunales”, afirmó la organización.
La base de Guantánamo ha sido históricamente un centro de detención de alto perfil. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, albergó a presuntos terroristas. En febrero, el gobierno trasladó a más de 50 inmigrantes a las instalaciones, incrementando las críticas de defensores de derechos humanos.
Entre los demandantes se encuentran familiares de tres inmigrantes venezolanos detenidos en Texas y luego enviados a Guantánamo. La demanda también incluye a cuatro organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes: Americas Immigrant Advocacy Center, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, American Gateways y Americans for Immigrant Justice.
Los abogados exigen una orden judicial para que los detenidos puedan reunirse con sus representantes legales. También piden que el gobierno proporcione información sobre el paradero de cada detenido en un plazo de 24 horas tras su traslado a Guantánamo.
El 31 de enero, Donald Trump firmó un decreto que ordena al Departamento de Defensa y al DHS preparar las instalaciones de Guantánamo para recibir hasta 30,000 inmigrantes. Pete Hegseth, secretario de Defensa y exmilitar en la base, defendió la decisión, calificándola como una “solución ideal” para la crisis migratoria.
El primer vuelo militar con inmigrantes deportados aterrizó en Guantánamo el 4 de febrero. Funcionarios estadounidenses prevén un aumento en la cantidad de migrantes trasladados. En la base, alrededor de 300 militares están asignados a las operaciones de detención.
Desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero, el gobierno ha intensificado las acciones contra inmigrantes indocumentados. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó el 5 de febrero que más de 8,000 personas han sido detenidas en operativos recientes.
El presidente prometió deportar a millones de los 11.7 millones de indocumentados en EE.UU. Críticos de su política alertan sobre posibles violaciones a derechos humanos y el impacto de medidas extremas como las deportaciones a Guantánamo.