Cuba tiene la segunda mayor tasa de población carcelaria del mundo, según cifras actualizadas a enero de 2024 de World Prison Brief (WPB), una prestigiosa base de datos global.
La nación caribeña, gobernada hace 64 años por un régimen comunista, cuenta con una tasa de 794 prisioneros por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en aproximadamente 90.000 personas tras las rejas. Este dato coloca a Cuba solo detrás de El Salvador, con una tasa de 1.086, destacando así las problemáticas inherentes a sus políticas de justicia penal.
El Salvador lidera esta lista, atribuido a su lucha contra pandillas y crimen organizado, desde que llegó al poder el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, en el caso de Cuba, una buena parte de su población carcelaria proviene de la disidencia política que no es permita por el régimen castrista que entre otras cosas criminaliza la protesta pacífica.
Curiosamente, Estados Unidos, comúnmente percibido como el país con la mayor tasa de encarcelamiento, ocupa el sexto lugar, con una tasa de 531. Países como Ruanda, Turkmenistán y Samoa también figuran en esta lista, mostrando que el alto índice de encarcelamiento es un fenómeno global.
Según el científico Amilkar Pérez Riverol, este hecho representa un “brutal fracaso de la Revolución” cubana. La alta tasa de encarcelamiento en Cuba, un estado comunista, desafía la percepción de que en los sistemas capitalistas el capital prima sobre el ser humano.
Una proporción significativa de los encarcelados en Cuba son presos políticos. A pesar de las afirmaciones del gobierno de no tener prisioneros políticos, muchos son enjuiciados bajo cargos como desacato y desobediencia. Estos individuos, cuya protesta ha sido pacífica, son acusados de atentar contra la Seguridad del Estado.
El alto índice de encarcelamiento no es exclusivo de una región, como muestra la diversidad geográfica de los países con las tasas más altas, incluyendo América Latina, África y Asia. Esto sugiere múltiples causas y manifestaciones de este fenómeno.
Contrastando con Cuba, países como San Marino, Liechtenstein y Gambia presentan las tasas más bajas de población carcelaria, lo cual podría estar relacionado con diferentes enfoques en políticas de justicia penal y una mayor inversión en alternativas al encarcelamiento.
