La Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 92, fechada el 23 de septiembre de 2024, publica el Decreto 105/2024 que elimina la prohibición para que los campesinos construyan viviendas en tierras otorgadas en usufructo. Esta medida, presentada como un cambio significativo por el gobierno cubano, busca remediar una restricción que impedía a los productores vivir en las tierras que trabajan.
El decreto, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, marca un punto de inflexión en la política agraria del país. Durante los últimos dos años, el Estado, aún dueño de las tierras, entregó terrenos a los campesinos para su explotación agrícola, pero sin permitirles construir hogares en ellos.
A partir de ahora, se abrirá un proceso de legalización para las viviendas construidas en estos terrenos. La normativa establece que estas edificaciones deben estar relacionadas con la producción agrícola o forestal para ser legalizadas. Esta legalización, que será gestionada por las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, se llevará a cabo en un plazo de cinco años.
Las nuevas medidas también priorizan la regularización de construcciones como casas de tabaco, vaquerías y cochiqueras, siempre y cuando cumplan con las normativas urbanísticas vigentes. Las construcciones no autorizadas podrán ser legalizadas sin la necesidad de trámites adicionales, siempre que no excedan el tres por ciento del área total otorgada en usufructo.
La nueva normativa alivia una carga para los campesinos, quienes hasta ahora no contaban con una vía legal para regularizar sus viviendas. Sin embargo, el gobierno ha advertido que aquellas edificaciones que no cumplan con los requisitos establecidos serán incluidas en el Programa Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades en las Construcciones, lo que podría resultar en la demolición de las estructuras que excedan los límites permitidos.
El régimen espera que estas medidas incentiven la producción agrícola, que se encuentra en declive debido a varios factores, incluido el éxodo de la población rural hacia las ciudades y la emigración masiva fuera del país.
Sin embargo, algunos críticos aseguran que esta disposición llega tarde. Señalan que la planificación socialista no previó las dificultades que surgirían al prohibir la construcción de viviendas en tierras en usufructo. Muchos campesinos se vieron obligados a viajar largas distancias diariamente, lo que resultaba inviable debido a la crisis del transporte público y los altos niveles de delincuencia.
Pese a las nuevas normas, persiste el escepticismo entre muchos campesinos. La desconfianza en el Estado, que aún puede confiscar tierras bajo alegaciones de “enriquecimiento ilícito”, genera incertidumbre sobre el verdadero alcance de estas medidas.
