El 22 de junio de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó la reanudación de las deportaciones expeditas de migrantes hacia países que no son su lugar de origen. Este fallo suspende temporalmente una orden judicial que había requerido un proceso más exhaustivo para evaluar los riesgos que los migrantes enfrentan al ser deportados a terceros países. Con una mayoría de 6 votos a favor y 3 en contra, la decisión representa un avance significativo en la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump.
El caso involucra a migrantes de países como Myanmar, Vietnam, Cuba y México, quienes fueron inicialmente detenidos y enviados a Sudán del Sur. Este país, señalado como peligroso por diversas organizaciones debido a su situación de violencia y conflicto armado, se ha convertido en el destino de migrantes deportados. Desde su independencia en 2011, Sudán del Sur ha sufrido una crisis humanitaria que pone en riesgo la vida de quienes son enviados allí.
Los abogados de los migrantes argumentaron que sus clientes podrían enfrentar torturas o incluso la muerte en Sudán del Sur. A pesar de estos riesgos, la Corte Suprema respaldó la decisión, lo que ha sido fuertemente criticado por los jueces liberales. En su disidencia, la jueza Sonia Sotomayor advirtió sobre los peligros a los que los migrantes se enfrentarían al no poder impugnar sus deportaciones ante los tribunales, subrayando la gravedad de esta medida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la decisión de la Corte, calificándola como una “victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, destacó que la medida permitiría al gobierno continuar con la estrategia de deportación masiva.
Este fallo es parte de un patrón más amplio en la política migratoria de Trump, que ha utilizado la Corte Suprema como herramienta clave para implementar reformas migratorias severas. La administración republicana sostiene que las deportaciones expeditas son necesarias para controlar la inmigración y proteger la seguridad nacional, aunque esta postura ha recibido críticas constantes de organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes.
A principios de mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a dos cubanos, Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, a Sudán del Sur. Esta fue la primera vez que migrantes cubanos fueron incluidos en esta política de deportaciones a terceros países. Ambos deportados tenían antecedentes criminales graves, lo que llevó a su expulsión a un país en conflicto.
Este caso es solo un ejemplo de la creciente práctica de deportar migrantes a países dispuestos a recibirlos, debido a la negativa de al menos 23 naciones, incluidas Cuba, Venezuela, China y Haití, a aceptar a sus propios connacionales. La administración de Trump ha señalado esta negativa como uno de los mayores desafíos en su política de control migratorio.