El martes 25 de noviembre, un juez federal en California emitió una decisión histórica que obliga a la administración Trump a proporcionar audiencias de fianza a los migrantes detenidos en medio de su lucha por evitar la deportación. La resolución del juez del Distrito de California, Sunshine Sykes, marca un punto de inflexión en las políticas migratorias de EEUU, ampliando el acceso al debido proceso para miles de personas detenidas por ICE.
La decisión de Sykes también certifica una demanda colectiva, lo que permite que el caso sea tratado como un litigio que representa a un amplio grupo de migrantes afectados por la política de detención sin acceso a fianza. Este tipo de demanda es fundamental, ya que permite que varios demandantes representen a una clase de personas con intereses comunes, en este caso, migrantes detenidos bajo condiciones que vulneran sus derechos constitucionales.
El caso, presentado por varios inmigrantes detenidos, liderados por Lázaro Maldonado Bautista, desafía la política de ICE que clasifica a los migrantes como sujetos a «detención obligatoria», sin la posibilidad de ser liberados bajo fianza. El gobierno ha argumentado que incluso aquellos que llevan años en EEUU pueden ser detenidos, pero el juez Sykes determinó que solo los recientes solicitantes de admisión deben ser considerados para la detención.
El fallo de Sykes representa una victoria significativa para las organizaciones de derechos civiles, como la ACLU y el Northwest Immigrant Rights Project, que han luchado por la reforma de las políticas de inmigración en EE. UU. Según estas organizaciones, la decisión es un paso importante hacia la protección de los derechos de los migrantes y un avance en la lucha por una reforma migratoria integral.
La certificación de esta demanda colectiva podría tener un impacto significativo en la política de detención y en las condiciones de los migrantes detenidos, al otorgarles la oportunidad de ser liberados mientras enfrentan sus procedimientos migratorios.
Datos actuales de detenidos y deportados por ICE
Tras el fin del cierre del gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha revelado datos sobre los resultados de la reubicación masiva de personal militar y civil para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración durante la administración Trump. Los resultados muestran que, a pesar del enorme gasto de recursos, los avances son limitados.
En cuanto a las detenciones, el número de personas arrestadas ha aumentado, alcanzando 65.135 detenidos hasta el 16 de noviembre de 2025. Sin embargo, la mayoría de estas personas (73.6%) no tienen antecedentes penales. De la reciente expansión en las detenciones, solo el 3% tiene condenas previas, en su mayoría por infracciones menores de tráfico, mientras que el 97% restante nunca ha sido condenado por delitos.
En cuanto a las deportaciones, ICE reportó la expulsión de 56,392 personas entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. Al sumar las deportaciones de los años fiscales 2025 y 2026, el total estimado de removidos durante la administración Trump es de 290.603.
Esta cifra representa solo un 7% más que los 271.484 removidos durante el último año completo de la administración Biden, a pesar de la significativa asignación de recursos y personal para la aplicación de las políticas de inmigración.