El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha ampliado considerablemente sus capacidades de vigilancia mediante la adquisición de tecnologías avanzadas. Esta expansión ha generado serias preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos y el posible abuso de poder.
Entre las herramientas más destacadas se encuentra el software de reconocimiento facial Clearview AI, una aplicación para escanear iris, y sistemas de monitoreo de redes sociales, que podrían tener implicaciones graves sobre los derechos civiles y la libertad de expresión.
Una de las adquisiciones más controvertidas de ICE fue el software Clearview AI, que permite a las autoridades identificar a personas a través de imágenes de sus rostros, comparándolas con una base de datos masiva obtenida de redes sociales y sitios web. Este contrato, valorado en 3,75 millones de dólares, es la mayor compra pública de esta tecnología por parte de una agencia federal de EEUU.
Aunque Clearview AI se ha utilizado para investigaciones relacionadas con la explotación sexual infantil y agresiones contra agentes del ICE, la tecnología ha sido criticada por su potencial uso en la identificación de manifestantes y disidentes políticos, lo que podría infringir derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU.
Además del software de reconocimiento facial, ICE ha adquirido otras herramientas tecnológicas para reforzar su capacidad de vigilancia. Una de ellas es una aplicación para escanear iris, que permite verificar la identidad de una persona en tiempo real desde distancias cercanas.
Esta herramienta facilitaría las operaciones de campo de los agentes. Además, ICE ha invertido en software espía de la empresa Paragon Solutions, que permite hackear teléfonos móviles de forma remota, extrayendo datos incluso de dispositivos bloqueados o aplicaciones cifradas. Este software ha sido objeto de preocupación entre defensores de los derechos civiles debido a su capacidad para acceder a comunicaciones privadas sin el conocimiento de los usuarios.
ICE también ha reforzado su monitoreo de las redes sociales mediante la creación de un centro compuesto por 16 analistas, cuya tarea será examinar publicaciones en plataformas como Facebook, X, TikTok y LinkedIn. El objetivo es identificar a personas de interés, especialmente a aquellas involucradas en protestas anti-ICE o en actividades vinculadas al «terrorismo doméstico».
La ampliación de esta vigilancia ha desatado preocupaciones sobre la recolección de datos personales sin el consentimiento de los usuarios, lo que podría vulnerar la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones no autorizadas.
Otra de las medidas adoptadas por ICE ha sido la ampliación de su flota de drones, así como la firma de contratos para sistemas de datos como Tangles y Weblocs. Estas herramientas permiten rastrear la ubicación de teléfonos móviles y generar perfiles detallados de individuos a partir de datos obtenidos de redes sociales y la web oscura.
Con estos sistemas, la agencia podría obtener información sin la necesidad de una orden judicial, lo que pone en duda la legalidad de algunas de sus prácticas.
Las adquisiciones de ICE han generado una respuesta crítica por parte de legisladores demócratas y defensores de los derechos civiles, quienes temen que la agencia utilice estas tecnologías no solo para identificar inmigrantes indocumentados, sino también para vigilar a ciudadanos estadounidenses que se oponen a las políticas del gobierno.
John Sandweg, exdirector interino de ICE, lamentó la falta de supervisión en la adquisición y uso de estas herramientas, lo que aumenta el riesgo de abuso.
A pesar de las críticas, un funcionario de la Casa Blanca defendió la adquisición de estas tecnologías, argumentando que están dirigidas a investigar a individuos y grupos vinculados con la violencia política organizada y el terrorismo doméstico, como el movimiento Antifa, considerado una organización terrorista por la administración Trump.