El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el inicio de vuelos de deportación desde el nuevo centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en una antigua pista aérea en los Everglades. La instalación, activa desde el 1 de julio de 2025 bajo la administración de Donald Trump, ya ha procesado a cientos de migrantes y es presentada como modelo para una política migratoria más “eficiente”.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los primeros vuelos ya despegaron desde el centro y se espera un aumento en la frecuencia de las expulsiones. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que al menos 100 personas con órdenes finales de deportación han sido removidas desde estas instalaciones.
“Alligator Alcatraz” fue erigido en solo ocho días sobre el antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier. Cuenta con una pista de dos millas para vuelos continuos, resguardado por más de 400 agentes y 300 cámaras. Su ubicación, rodeada por más de 99 km² de terreno salvaje con caimanes y pitones, añade un elemento de aislamiento extremo.
El centro ha recibido fuertes críticas por parte de autoridades locales y organizaciones de derechos humanos. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, solicitó acceso inmediato al lugar tras denuncias sobre hacinamiento, escasez de agua potable, deficiencia médica y calor extremo. Al menos seis personas habrían sido hospitalizadas.
Abogados defensores también cuestionan la legalidad de los procedimientos. Denuncian que migrantes, incluidos dos cubanos con formularios I-220A, fueron detenidos sin tener órdenes finales de deportación. Por ello es falso que todos los que están en Alligator Alcatraz tengan órdenes de deportación final.
La falta de transparencia sobre los deportados ha encendido las alarmas. Activistas sostienen que, al ser un centro estatal operado junto al DHS, se crea un vacío legal que complica el acceso de abogados y familiares a los internos. Aunque ICE prometió habilitar visitas legales las 24 horas, existen dudas sobre su viabilidad por fallas técnicas previas.
La instalación forma parte de un plan más amplio que incluye la expansión del programa federal 287(g), otorgando poder a más de 1.800 agentes estatales para ejecutar detenciones migratorias. DeSantis incluso ha propuesto que la Guardia Nacional actúe como autoridad judicial en temas migratorios, lo que plantea serias dudas legales.
El discurso oficial insiste en que “Alligator Alcatraz” se destina a migrantes con antecedentes penales graves. Sin embargo, múltiples reportes revelan que también hay solicitantes de asilo y personas sin antecedentes ni órdenes de remoción. Esto ha desatado preocupación por posibles violaciones al debido proceso.
Pese a las protestas y cuestionamientos legales, DeSantis mantiene su postura. Presenta el centro como ejemplo de eficacia en el control migratorio y lo enmarca dentro de una estrategia política más amplia. Analistas sostienen que busca reforzar su perfil como figura clave en la política nacional de cara a 2028.