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Beneficiarios del parole humanitario reciben carta del gobierno para que se vayan de EEUU

El gobierno de Donald Trump ha comenzado a notificar a miles de inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que deben abandonar Estados Unidos antes del 24 de abril, fecha en la que sus permisos de ‘parole’ humanitario serán revocados de manera masiva y automática.

Este programa, implementado por la administración de Joe Biden desde octubre de 2022, permitía a los beneficiarios residir y trabajar temporalmente en el país. Sin embargo, ahora, tras la decisión del mandatario republicano, los permisos expirarán, y los inmigrantes deberán abandonar el país o enfrentar una posible detención y expulsión.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enviado cartas a los beneficiarios del programa, advirtiéndoles de la necesidad de “autodeportarse” antes de la fecha de terminación de su ‘parole’. En caso de no cumplir con esta orden, los inmigrantes podrían enfrentar la acumulación de tiempo ilegal en el país, lo que dificultaría su reingreso en el futuro.

La comunicación también señala que, si no obtienen un estatus migratorio legal para permanecer en los EEUU, comenzarán a ser considerados inadmisibles, lo que podría perjudicar cualquier solicitud futura para regresar al país.

La decisión de Trump, anunciada oficialmente el 21 de marzo, pone fin a un programa que benefició a aproximadamente 530,000 inmigrantes. La medida se justifica como un regreso a políticas más estrictas, basadas en el concepto de “EE. UU. Primero” y la seguridad pública, según declaraciones de un vocero del DHS.

En su comunicado, el portavoz aseguró que el gobierno anterior permitió la entrada de más de medio millón de extranjeros de manera poco rigurosa, lo que, a su juicio, perjudicó a los trabajadores estadounidenses.

En manos de las agencias gubernamentales, como USCIS, están todos los datos de los beneficiarios del parole y sus patrocinadores. Para el proceso de visas humanitarias, estos tuvieron que entregar direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y otras formas de contacto. Por lo tanto, en teoría, los agentes de control migratorio de ICE están en disposición de ir tras ellos y deportarlos.

En el caso de los cubanos, se estima que 26,000 de los más de 110,000 que entraron bajo el parole aún no ajustan su estatus por la Ley de Ajuste Cubano, ya que no les ha dado tiempo de cumplir con el requisito de un año y un día de residencia en territorio estadounidense.

Ese grupo de alrededor de 26,000 personas está en riesgo de deportación. No obstante, los abogados advierten que, si logran eludir la deportación, podrían presentar su trámite de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste tan pronto como cumplan el requisito de tiempo. Mientras tanto, lo más recomendable es iniciar un caso de asilo para tener un escudo protector contra la deportación.

La decisión de revocar el parole ha provocado fuertes reacciones, especialmente entre las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que han interpuesto una demanda en contra de la revocación del ‘parole’ humanitario. Estas organizaciones argumentan que la medida viola el debido proceso migratorio, ya que ordena la expulsión expedita de miles de inmigrantes sin una audiencia ante un juez de inmigración.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, criticó la decisión, señalando que, en lugar de cumplir con su compromiso con los inmigrantes, el gobierno de Trump busca expulsarlos sin darles la oportunidad de defender su caso en los tribunales. Salas enfatizó que los inmigrantes merecen la dignidad de una audiencia judicial para poder resolver su situación de manera justa.

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