Alejandro Gil niega las acusaciones de espionaje en un “juicio manipulado”, según María Victoria Gil
El juicio de Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía de Cuba, ha causado gran expectación, especialmente tras las declaraciones de su hermana, María Victoria Gil, quien ha compartido detalles sobre el proceso judicial.
Gil Fernández enfrenta acusaciones graves, que incluyen espionaje, malversación, evasión fiscal y lavado de activos, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar una pena de cadena perpetua. Sin embargo, durante la audiencia realizada en el Tribunal de Marianao los días 11 y 12 de noviembre de 2025, Gil negó categóricamente los cargos de espionaje.
La audiencia se celebró a puerta cerrada, bajo estrictas medidas de seguridad, impidiendo la entrada de la prensa independiente y de algunos familiares, como la hija del acusado, Laura María Gil González, quien fue excluida del tribunal. A pesar de estas restricciones, Vicky Gil afirmó que dentro de la Seguridad del Estado había personas que le informaron que su hermano desmintió punto por punto las acusaciones, calificando el proceso como un «montaje político».
La hermana del exministro expresó que, aunque su hermano podría haber incurrido en delitos económicos, no era un espía, y mostró su esperanza de que se lograra un desenlace justo, a pesar de la falta de pruebas sólidas.
Este caso ha adquirido un fuerte tinte político, ya que Alejandro Gil Fernández fue destituido en febrero de 2024 en medio de la crisis económica desatada por la “Tarea Ordenamiento”, una reforma que buscó unificar las dos monedas del país y que resultó en una grave crisis económica. Su caída política ha sido una de las más abruptas dentro del régimen de Miguel Díaz-Canel, lo que ha llevado a muchos a ver su detención y proceso como parte de una purga interna más que de un procedimiento judicial imparcial.
La acusación de espionaje, según su hermana, no está relacionada con el espionaje tradicional contra gobiernos extranjeros, sino con un supuesto espionaje industrial, que implicaría la filtración de secretos empresariales y la manipulación de documentos para beneficiar a intereses privados dentro de Cuba. Este enfoque cambia la naturaleza del delito, alejándose de las acusaciones de traición y colocándose en el ámbito del espionaje corporativo.
Un aspecto crucial en este caso ha sido la relación cercana entre Alejandro Gil Fernández y el presidente Miguel Díaz-Canel. Vicky Gil reveló que los dos mantenían una amistad personal y profesional profunda, lo que pone en duda la narrativa oficial que intenta distanciar al exministro de las altas esferas del poder cubano.
Según ella, Díaz-Canel y su hermano no solo trabajaban juntos en el gobierno, sino que también compartían reuniones frecuentes y mantenían una comunicación continua, sugiriendo una alianza política más allá de lo laboral.
El proceso no fue abierto al público ni televisado, a pesar de los esfuerzos de Laura María Gil González, quien insistió en que el caso debía ser transparente. La hermana del acusado expresó su escepticismo sobre la forma en que se está desarrollando, alegando que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes y que la detención de su hermano fue arbitraria, impulsada por una decisión política tomada por Raúl Castro. Según Vicky, su hermano ha sido convertido en un chivo expiatorio de los errores cometidos por el régimen.
En cuanto a su estado físico, Vicky Gil también informó que Alejandro ha sufrido un deterioro significativo en su salud desde su detención, perdiendo 50 libras en menos de un año. La hermana del exministro teme que las condiciones extremas de su encarcelamiento, incluyendo maltrato físico y psicológico, hayan afectado gravemente su bienestar. Actualmente, Gil Fernández se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, un centro conocido por albergar a figuras políticas de alto perfil.
La falta de información oficial detallada sobre las pruebas presentadas y la naturaleza de las acusaciones refuerza la percepción de que este es más un procedimiento político que un proceso judicial transparente. La familia del exministro sigue luchando por la transparencia en el caso y por que se haga justicia, mientras el régimen cubano enfrenta una creciente presión interna y externa debido a la crisis económica y las tensiones políticas.
