El Gobierno de Cuba prorrogó hasta el 31 de enero de 2026 la exención arancelaria que permite la importación sin carácter comercial de alimentos, medicamentos, productos de aseo e insumos médicos, así como de plantas eléctricas con potencia superior a 900 W.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 59 Extraordinaria del 19 de septiembre de 2025, sustituye el plazo anterior que vencía el 30 de septiembre de 2025 y aplica a viajeros con equipaje acompañado, quienes podrán introducir estos artículos en cantidades ilimitadas sin pagar aranceles.
Las autoridades justificaron la extensión debido a la persistente escasez en la isla, una situación que motivó la flexibilización inicial en agosto de 2021, en medio de la pandemia de COVID-19 y tras las protestas del 11 de julio. El Ministerio de Salud Pública también autorizó, en el mismo periodo, la importación temporal de medicamentos e insumos médicos en sus envases originales, siempre que no tengan fines comerciales.
La decisión incluye además la entrada de plantas eléctricas superiores a 900 W, una medida que responde a la crisis energética marcada por apagones prolongados. El colapso más reciente fue un apagón nacional tras la salida inesperada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, lo que refuerza la urgencia de alternativas privadas para la generación de energía.
La Aduana General de la República anunció que mantendrá y reforzará controles para evitar el uso lucrativo de estos beneficios. Los bultos con artículos exentos deben presentarse separados del resto del equipaje, y serán los oficiales quienes determinen si la importación tiene carácter comercial.
Pese a su extensión, la medida genera debate. Mientras alivia puntualmente la escasez, en la práctica traslada el abastecimiento a la diáspora cubana, beneficiando a quienes pueden viajar o reciben remesas y encomiendas desde el exterior. La mayoría de los cubanos, sin acceso a estas posibilidades, sigue quedando al margen.
Especialistas y economistas consideran que la prórroga es un paliativo que no resuelve las fallas estructurales del sistema productivo cubano, incapaz de garantizar un abastecimiento estable. En este contexto, la dependencia de las importaciones familiares refuerza la brecha social y subraya la incapacidad del Estado para cubrir las necesidades básicas de la población.
La exención arancelaria seguirá vigente hasta enero de 2026, pero su efectividad real dependerá de la posibilidad de cada familia de acceder a recursos externos en un país donde la mayoría sobrevive con salarios estatales equivalentes a menos de 30 dólares al mes.