Administración Trump prioriza quitar la ciudadanía a naturalizados que hayan cometido ciertos crímenes
La administración de Donald Trump ha lanzado una nueva medida para acelerar los procesos de desnaturalización de ciudadanos estadounidenses naturalizados que hayan cometido ciertos delitos graves.
Según un memorándum del Departamento de Justicia fechado el 11 de junio de 2025, esta política busca revocar la ciudadanía de inmigrantes que hayan cometido crímenes de guerra, violaciones graves de derechos humanos, o aquellos implicados en actividades relacionadas con terrorismo y espionaje. Sin embargo, el alcance de esta medida es mucho más amplio e incluye a individuos que hayan mentido u omitido información en su proceso de naturalización.
El Departamento de Justicia, bajo la dirección del fiscal general adjunto Brett A. Shumate, ha instruido a sus abogados a priorizar estos casos y llevarlos a cabo a través de juicios civiles, lo que permite una revocación más rápida, sin la necesidad de ofrecer un abogado público a los afectados. Esto ha generado preocupación entre expertos legales, que señalan los riesgos de abusos y la creación de una «ciudadanía de segunda clase» para los naturalizados.
La administración Trump justifica estas medidas como una forma de proteger la ciudadanía estadounidense de delincuentes, terroristas o personas que hayan obtenido la nacionalidad de manera fraudulenta.
En este sentido, el gobierno considera que la revocación de la ciudadanía debe ser una herramienta disponible para asegurar que solo aquellos que cumplen con los más altos estándares éticos y legales disfruten de los derechos que confiere la nacionalidad estadounidense.
Además de los delitos graves mencionados, el memorándum también detalla que los inmigrantes que hayan cometido fraudes financieros o médicos, como el fraude relacionado con el Programa de Protección de Nóminas (PPP) o el fraude de Medicaid/Medicare, estarán sujetos a desnaturalización. Esta medida refuerza la postura de la administración de eliminar el acceso a la ciudadanía para aquellos que no cumplan con las normativas establecidas.
Sin embargo, esta medida ha generado controversia. Muchos expertos en derecho, como la profesora Cassandra Robertson de la Universidad Case Western Reserve, advierten que este tipo de medidas podrían resultar en una ciudadanía de «segunda clase» para los inmigrantes naturalizados. La falta de acceso a representación legal durante los juicios civiles podría resultar en decisiones rápidas e injustas, sin la posibilidad de una defensa adecuada.
El abogado Steve Lubet, profesor de Derecho en la Universidad Northwestern, también ha criticado la amplia discrecionalidad que el memorándum otorga a los abogados del Departamento de Justicia.
Según Lubet, algunas de las categorías mencionadas en el documento son tan vagas que carecen de claridad, lo que podría abrir la puerta a abusos por parte del gobierno federal. En este sentido, los expertos temen que el gobierno pueda utilizar estas amplias facultades para despojar a personas de su ciudadanía de manera arbitraria.
El memorándum cita un caso emblemático en el que un veterano militar fue despojado de su ciudadanía estadounidense debido a un delito grave cometido antes de su naturalización. Este individuo, ahora apátrida, es un ejemplo de lo que podría suceder a medida que el gobierno de Trump continúa implementando esta política.
A pesar de los intentos de defensa, el caso subraya el riesgo de que personas que hayan cumplido con las normativas y procesado correctamente su ciudadanía sean injustamente afectadas por el sistema de desnaturalización.
Esta nueva política de desnaturalización se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para redefinir quién puede ser considerado ciudadano estadounidense, reducir la inmigración legal y aumentar el control sobre el sistema migratorio.