Administración Trump entre la legalidad y la eficacia en su estrategia contra el narcotráfico en el Caribe
Desde septiembre de 2025, Washington rompió el patrón clásico de interdicción marítima —seguir, advertir, deshabilitar motores y abordar— y pasó a hundir embarcaciones pequeñas que, según la administración Trump, salían de Venezuela con drogas rumbo al Caribe.
La novedad no es menor: el “modelo” anterior priorizaba capturas y cadena de custodia; ahora se ejecutan ataques letales anunciados públicamente. Hasta ahora se han hundido al menos seis embarcaciones en el área del Caribe, incluyendo un semisumergible.
El primer hundimiento se comunicó el 2 de septiembre. Trump difundió un video y habló de un bote cargado de narcóticos, operado por el Tren de Aragua. Desde entonces, siguieron más golpes. Para mediados de septiembre, fuentes militares y medios especializados ya registraban al menos una segunda y tercera embarcación hundida cerca de Venezuela. El conteo creció con nuevas acciones en semanas posteriores.
El saldo humano es sustancial. Hasta el 21 de octubre, el total de operaciones se contaba en al menos seis o más, con unos 32 fallecidos y dos sobrevivientes rescatados. Ambos fueron trasladados por EEUU a sus países de origen.
Uno llegó a Ecuador y quedó libre por “falta de evidencias”, mientras que Colombia anunció que procesará a su connacional. Estos casos ilustran la opacidad probatoria: Washington no ha mostrado públicamente la carga o el armamento hallados en los barcos hundidos.
El cambio operativo abre frentes legales y políticos. Expertos en derecho internacional cuestionan que EEUU ejecute fuera de combate abierto y sin debido proceso, máxime cuando la Casa Blanca justifica la letalidad con narrativas de conflicto armado contra carteles.
La CIA, según reportes, aporta inteligencia de señales e imágenes para seleccionar objetivos, pero la clasificación limita la verificación independiente. Todo esto alimenta roces diplomáticos con Caracas y Bogotá, y dispara preguntas sobre jurisdicción, proporcionalidad y pruebas.
La ruta Caribe sigue siendo clave para la cocaína y las drogas sintéticas, pero no toda lancha rápida que transita por el área es una embarcación con narcóticos. Hasta ahora, el gobierno de Trump ha dicho que tiene información de inteligencia que prueba que todos los barcos hundidos eran de narcotraficantes.
La Guardia Costera y aliados venían logrando grandes incautaciones con abordajes tradicionales, lo que prueba que existían alternativas menos letales. Hundir impide recolectar evidencia y mapear redes.
EEUU ha hundido varias lanchas frente a Venezuela desde septiembre de 2025. El debate real no es si hay tráfico —lo hay—, sino si este giro táctico es legal, eficaz y sostenible.